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Miércoles, 13 de septiembre de 2017

El separatismo propaga la inseguridad jurídica

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Solo a una mente deformada por la propaganda sentimental del separatismo le resultará paradójico que la democracia se defienda ordenando a los agentes de la ley que requisen unas urnas. Eso es lo que la Fiscalía hizo ayer: defender la legalidad democrática ordenando al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que eviten la "consumación del delito" interviniendo todo material susceptible de ser usado para celebrar un referéndum ilegal del 1 de octubre.

Pese a las dudas razonables que en la gestión de los atentados yihadistas suscitó el comportamiento de Trapero, quien primero mintió sobre el aviso de la inteligencia americana y después cargó públicamente contra el director del periódico que acreditó la información, cabe esperar de un cuerpo de policía judicial como los Mossos que cumplirán con su deber y acatarán la cadena de mando.

 

Claro que, al hacerlo, deberán resistir la maquinaria de coacción de la Generalitat, que ya se ha puesto en marcha y que cada día acrecienta su inicua presión. No es que el gabinete de Puigdemont desobedezca la ley: es que se jacta de hacerlo. En su boletín oficial ha publicado la aprobación de la ley del Referéndum, pero ha evitado publicar la noticia de su suspensión. A buen seguro despacharán con idéntica indiferencia el auto del Tribunal Constitucional que ayer suspendía la ley de Transitoriedad. Es decir, se están burlando de la autoridad del máximo intérprete de la Constitución, algo que también hace la televisión pública catalana cuando continúa insertando propaganda prohibida del 1-O en su parrilla. Por último, el ejecutivo en rebeldía de Puigdemont se ha negado a facilitar al interventor de la Generalitat cualquier información que arroje luz sobre los recursos destinados a financiar la consulta cuando ha sido requerida para ello. Es comprensible, tratándose de un Govern imputado por malversación: los ladrones suelen tener la precaución de apagar las luces cuando actúan.

 

No solo los funcionarios, no solo los Mossos están siendo sometidos al desgarro de una legalidad paralela que tira de ellos en dirección opuesta al orden constitucional vigente. Quizá sean los alcaldes quienes soportan la peor parte, lo que ha llevado a los regidores socialistas a revolverse contra Puigdemont publicando un rotundo manifiesto en defensa propia. Conviene leerlo despacio para saber lo que está ocurriendo en Cataluña. Denuncian insultos y amenazas, protestan contra un bloque separatista "hiperexcitado" que los oprime y aseguran que no se arrugarán: "No podemos ni queremos callar y mucho menos escondernos". Lo previsible es que semejante arranque de dignidad sea contestado por nuevos escraches y convocatorias de acoso por parte de las fuerzas callejeras a las que ha quedado confiado el éxito del 1 de octubre, siguiendo la plantilla de todo proceso revolucionario.

 

Pero es que ni siquiera se limitan a retar al Tribunal Constitucional. En su histérica escalada de insumisión, los separatistas desoyen al propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que naturalmente ha calificado de "injustas" las normas emanadas del pleno esperpéntico de la semana pasada. 

 

Y mientras todo esto sucede, las multinacionales alemanas y estadounidenses avisan de que tienen preparado un plan urgente de deslocalización que les permita salir de Cataluña en 24 horas en caso de independencia. No se conoce fenómeno más eficaz para espantar la riqueza que la inseguridad jurídica. Y eso es exactamente lo que está consiguiendo el separatismo: que nadie que viva en Cataluña presuponga ese horizonte de estabilidad que requiere el libre desenvolvimiento personal y profesional. Corresponde al Estado el ejercicio de la autoridad que devuelva el orden a unas instituciones catalanas en crisis.

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