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Lunes, 11 de septiembre de 2017

Independencia: Lastre y negocio

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Hoy, los ciudadanos de Cataluña deberían celebrar su Diada. Pero con toda probabilidad, como ha sucedido en los últimos años, la jornada será instrumentalizada al servicio de los intereses de una parte no mayoritaria de la gente que vive en el territorio. Los separatistas se encargarán de que el día de todos lo sea de unos cuantos, se preocuparán, con el Gobierno de la Generalitat a la cabeza, de que los fastos promuevan la división y no la convivencia.

Ellos se juegan mucho en este envite de la secesión. Es una forma de vida, el seguro de un alto tren de regalías, sostenido con fondos públicos. De que este pulso con el Estado no acabe nunca depende que todos los privilegios y canonjías de ese nutrido grupo de notables de la independencia perdure en el tiempo. Prebendas y estatus, claro, que se traducen en un coste y ese coste en unas consecuencias para todos los habitantes de la comunidad autónoma. 

 

El entramado de entidades, sociedades, fundaciones, organismos y subvenciones, especialmente, subvenciones, que sostiene el negocio del enfrentamiento con el Estado es de unas dimensiones extraordinarias y el esfuerzo financiero que conlleva va parejo con todo lo que eso supone. Dinero, claro, que sale de los bolsillos de todos los ciudadanos de Cataluña, pero sobre todo de los de España en su conjunto. Es una obviedad, pero conviene insistir hasta la saciedad en que los independentistas mantienen abierto 24 horas al día, siete días a la semana, sin poner un euro de su pecunio particular. 

 

La relación de gastos por hacer de la independencia el denominador común y único de las políticas públicas de la Generalitat asciende a 836 millones de euros al año, y van unos cuantos, en un desglose que demuestra como un gobierno se convierte en un régimen agitador y propagandista con la misma intensidad que se olvida de sus ciudadanos. Pensar en los programas sociales que se podrían haber financiado con esas ingentes cantidades de dinero dedicadas a las ambiciones de unos cuantos sería motivo suficiente para que la gente que padece el acusado deterioro de los servicios públicos catalanes reflexionara sobre esta deriva. 

 


Mientras los hospitales públicos, los centros escolares, las residencias de ancianos, las farmacias y otras entidades sociales dedicadas a socorrer a los desfavorecidos padecen la falta de compromiso de esta Generalitat de los recortes, sus medios de comunicación se llevan 236 millones; el departamento de Exteriores, 39 millones; Omnium y la ANC, 7,5 millones, entre otras partidas difícilmente justificables en aras del bien común. Ese derroche, que, reiteramos, nunca se tradujo en inversiones en favor del interés general, engordó una monumental relación de números rojos hasta convertir a Cataluña en la comunidad autónoma más endeudada de España y a sus habitantes también en los mayores deudores del país. Hasta tal punto, que la Generalitat tiene hoy un nivel de dependencia récord de la financiación del Estado, que cubre ya cerca del 70 por ciento de su pasivo. 

 

Estas cifras hablan de la culpable irresponsabilidad de una Administración separatista que no vaciló en sumir a Cataluña en una situación real de impago y en poner en riesgo los servicios públicos con tal de que la maquinaria independentista se mantuviera engrasada en euros. Que mintieran con descaro con aquel lema del «España nos roba» es una infamia más de muchas que, más pronto que tarde, se volverán contra una casta de políticos empeñada en reventar la democracia y de paso en empobrecer a sus gobernados. Su legado será recordado como uno de los más nefastos y nocivos de la historia de España.

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