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Domingo, 10 de septiembre de 2017
TARRAGONA Y LLEIDA LO RECHAZAN Y BARCELONA SIGUE EN EL AIRE

El referéndum sobre la independencia divide a los alcaldes catalanes

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El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido garantías para que sus funcionarios no se enfrenten a acciones legales o pierdan sus empleos si ayudan a organizar el referéndum de independencia convocado por el Gobierno catalán para el 1 de octubre.

[Img #63534]Sin embargo, parte de los casi 1.000 municipios de la región ya han dicho que facilitarían una consulta que Madrid ha declarado ilegal.

 

Tras haber ofrecido en un principio las dependencias públicas para el voto, la alcaldesa ​​Ada Colau pidió al Ejecutivo de Carles Puigdemont nuevas garantías para proteger a los funcionarios municipales de las posibles consecuencias legales en caso de dejar poner las urnas.

 

“La disposición a que puedan participar y movilizarse es absoluta. Pero repetimos lo que hemos repetido muchas veces: no pondremos en riesgo a la institución ni a los funcionarios”, dijo el primer teniente de alcalde de la ciudad condal, Gerardo Pisarello.

 

El Parlament votó el pasado miércoles celebrar un referéndum de independencia el 1 de octubre, chocando así con el Gobierno central español, comprometido con poner en marcha toda la maquinaria legal necesaria para que el voto no se materialice.

 

Aunque según los sondeos es mayoritario el deseo en Cataluña de celebrar una consulta de autodeterminación, la opción independentista ha ido perdiendo fuerza recientemente y no alcanzaría el 50 por ciento de los votantes.

 

674 ALCALDES DECIDEN CEDER ESPACIOS PARA VOTAR

 

Según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), 674 de los 948 distritos municipales catalanes han informado de su intención de ceder espacios públicos para el voto.

 

En un vídeo colgado en Twitter, el alcalde de Cerdanyola en la provincia de Barcelona rompe a la mitad una carta del Tribunal Constitucional advirtiendo de las repercusiones legales de participar en el referéndum entre la ovación del grupo de personas que le rodean.

 

Grupos independentistas protestaban el viernes ante los consistorios de varios alcaldes catalanes que anunciaron que no colaborarían con el referéndum.

 

Entre los que han rechazado la petición de colaboración del Gobierno catalán se encuentran alcaldes de grandes municipios catalanes, muchos de ellos controlados por el partido socialista.

 

El sábado, la Guardia Civil registró las oficinas de un semanario en la ciudad de Valls en busca de papeletas electorales, según La Vanguardia. La víspera, la Guardia Civil registró una imprenta cerca de Tarragona buscando al parecer materiales relacionados con el referéndum catalán.

 

No se pudieron obtener comentarios de forma inmediata de la Guardia Civil, pero un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que los registros se hicieron a instancias de la fiscalía y en relación con el referéndum.

 

En un acto del Partido Popular en Zaragoza el sábado, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró que el referéndum no se va a celebrar y su ministro de Justicia alertó sobre las consecuencias de colaborar con la consulta.

 

“Quien tome la decisión (...) de ceder locales o de facilitar el censo sabe que está cometiendo un delito y asumirá sus responsabilidades”, dijo Rafael Catalá a periodistas en la capital aragonesa.

 

El Tribunal Constitucional español paralizó el jueves por la noche la ley y convocatoria del referéndum de independencia mientras sus magistrados debaten si va en contra de la Constitución del país.

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