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Sábado, 9 de septiembre de 2017

La reacción de la Fiscalía cumple lo prometido

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Alivia constatar que los máximos representantes del Estado están cumpliendo con lo prometido ante una agresión sin precedentes a la democracia. Esta vez parece que la sensación de desamparo que se apoderó de muchos ciudadanos de Cataluña -y de toda España- el 9 de noviembre de 2014 no se repetirá.

La enérgica defensa de la legalidad anunciada en el acto de apertura del curso judicial por José Manuel Maza ha encontrado efectiva expresión en la querella criminal presentada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos.
La imputación de este último tipo penal da la medida de la firmeza que los españoles venían reclamando. Porque la malversación, de demostrarse, conllevaría pena de prisión para Carles Puigdemont y para el resto de miembros del Govern -pues todos han sido imputados- que sean encontrados culpables.

 

La querella no ahorra medidas cautelares para los investigados, incluyendo «el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias», es decir, la imposición de fianza y exigencia de embargo en caso de condena. Cabe recordar que la presidenta Forcadell, que amadrinó el golpe del Parlament, junto con el resto de miembros de la Mesa, que votaron la admisión a trámite de las proposiciones ilegales contra la orden expresa del Tribunal Constitucional, también están siendo investigados.

 

Es decir, sobre los máximos representantes del poder ejecutivo y del poder legislativo en Cataluña pesa en estos momentos la presunta condición de delincuentes. No solo han arrasado el principio democrático de la separación de poderes; es que ahora algunos se enfrentan a la posibilidad de acabar arruinados o en una celda.Pero la responsabilidad no se restringe únicamente a los promotores políticos del referéndum ilegal. Quedan también apercibidos los alcaldes y los responsables de medios de comunicación públicos o privados que inserten publicidad de la consulta.

 

Y por supuesto, la Fiscalía emplaza a todas las fuerzas de seguridad competentes (Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra) para que usen los medios a su alcance a fin de impedir la organización del 1-O. Ese cometido incluye la requisa de urnas o papeletas y el registro de imprentas, como ya ha sucedido en el pueblo de Constantí, en Tarragona.Rajoy tranquilizó a los funcionarios en su discurso del jueves. Les recordó que la ley obliga, pero también protege. Es fundamental que tanto los trabajadores de la función pública como cualquier ciudadano de Cataluña sobre el que la Generalitat pueda ejercer su coacción sientan en estos momentos el aliento protector del Estado.

 

Porque el acoso a los catalanes no nacionalistas -que comenzó hace mucho, para vergüenza de gobiernos sucesivos- se recrudece hasta lo insoportable conforme se acerca el 1 de octubre. Indignan especialmente las presiones que están recibiendo los alcaldes. La degeneración independentista ha conseguido que el mero propósito declarado de cumplir la Constitución exija cierta dosis de valentía. Que se lo pregunten a los regidores de Mataró, Lérida o Tarragona, que han sufrido ya y seguirán sufriendo los escraches convocados por la ANC y las CUP, los agentes encargados de convertir la irresponsabilidad institucional en agitación callejera.

 

Por el contrario, la calculada equidistancia de Ada Colau, que tras pensárselo mucho ha decidido no ceder espacios municipales al tiempo que reitera su apoyo a un hipotético referéndum menos chapucero, desprende un reconocible aroma a electoralismo populista, incapaz de comprometerse abiertamente con el respeto a las instituciones de la democracia representativa.

 

La diferencia intelectual entre los argumentos expuestos en Facebook por Colau y las intervenciones parlamentarias de Joan Coscubiela, quien se supone comparte el mismo espacio político -pero acumula una experiencia provechosa en los escaños del Congreso-, se antoja por desgracia insalvable. Con semejante panorama institucional, a nadie le puede sorprender que la agencia de calificación Fitch advierta de que degradará el rating de Cataluña si se convoca el referéndum.

 

Algunas empresas ya tienen diseñados planes de deslocalización urgente, mientras los mercados aguardan expectantes la evolución de los acontecimientos. En este trance el Gobierno no solo se juega gran parte de su crédito, ni siquiera la decepción o el aplauso de una gran masa de votantes, que también; se juega la propia supervivencia de nuestro ordenamiento constitucional. El futuro de la democracia española. No puede fallar. No puede.

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