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Viernes, 8 de septiembre de 2017

La dignidad de Cataluña

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Frente al enorme desafío lanzado por el bloque independentista al aprobar la ley y el decreto de convocatoria de un referéndum secesionista ilegal, antiestatutario y anticonstitucional, se levantó ayer una múltiple contraofensiva, firme, serena y proporcionada.

Salieron en defensa de la legalidad democrática y de los derechos cívicos de los ciudadanos las principales instituciones del país, el Gobierno, grandes partidos, el sistema judicial: cada uno defendiendo el respeto al Estado de derecho desde su ámbito competencial.

 

La actuación más vibrante —y más difícil— fue la de los grupos de oposición precisamente en el mismo foro donde se fraguaron las ominosas leyes abrogadoras del sistema democrático y autonómico: el Parlament. Los diputados de las minorías defendieron con arrojo los derechos de los ciudadanos al reclamar sus atribuciones para enmendar y mejorar las leyes, frente al recorte de las mismas que propiciaron los secesionistas y la presidenta.

 

Fueron ellos —socialistas, ciutadans, populares y comuneros— quienes mejor reivindicaron la dignidad de Cataluña y de sus leyes e instituciones, que las normativas del referéndum y la de transitoriedad vienen a abolir, al propiciar la cancelación de la vigencia del Estatut. Todos se concitaron para reclamar que la ley de transitoriedad en trámite debía someterse al ente de control y supervisión, el Consejo de Garantías Estatutarias, como estipula la normativa y reclamó el miércoles el mismo organismo. Y con razón, porque se trata de una (falsa) Constitución encubierta. Es, si cabe, más grave que la ley del referéndum. Aspira no ya a violar el Estatut, el autogobierno y la Constitución española, sino directamente a derogarlos.

 

Redactaron páginas memorables del mejor parlamentarismo: al recordar que la defensa de la minoría de hoy beneficia también a la actual mayoría, pues algún día dejará de serlo; al insistir en que en democracia, forma y contenido son inseparables; en que la democracia empieza en el respeto al reglamento, evitando que se pisotee; al destacar que las garantías mínimas son aún más esenciales ante la enormidad de una normativa tan grave, y al advertir de que no tolerarían que se les arrancasen sus derechos y, por tanto, los de sus electores. E imputaron personalmente al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por destruir la legislación catalana y por aplaudir a su portavoz, que se mofó de las competencias del Consejo de Garantías.

 

La potencia política de esa resistencia interna, aunque no quebró el designio de aprobar lo reprobable, demostró algo trascendental: que el rechazo a las actuaciones ilegales en pro de la separación no es exclusivo del Estado entendido como Administración central, reputada hostil. No.

 

El Parlament, como segundo órgano de la entera Generalitat, es parte nodal del Estado español. Y su representante ordinario en Cataluña es el presidentdel Govern de la Generalitat, quien viene obligado así no solo a defender los intereses de los ciudadanos catalanes —si bien esa sea su prioridad—, sino también los de todos los españoles. No es pues un litigio entre el Estado y Cataluña, sino entre el conjunto del Estado y una parte de él que lo desafía, que rompe la lealtad debida y corroe las normas de convivencia civilizada.

 

Las otras instituciones del Estado también iniciaron su respuesta, de forma ágil, taxativa y proporcionada al envite. El Gobierno, recurriendo al Tribunal Constitucional contra las dos leyes levantiscas. Los líderes de los principales partidos de la oposición, Pedro Sánchez y Albert Rivera, ofreciendo su apoyo sin fisuras a la actuación del Ejecutivo mediante sendas declaraciones tras las oportunas reuniones con el presidente, Mariano Rajoy (solo falló, ay, uno de los grandes partidos).

 

Rajoy, compareciendo con una explicación mesurada, en la que remarcó que las iniciativas secesionistas suponían el mayor golpe registrado en perjuicio de las instituciones de autogobierno, procuró aproximarse a las inquietudes de los catalanes y defendió la estabilidad y continuidad de sus instituciones de autogobierno; salió al paso de las incertidumbres de muchos españoles reconociendo que a veces los procedimientos son lentos y volvió a garantizar que la pretensión de la consulta ilegal no se materializará. “Haré todo lo necesario sin renunciar a nada”, concluyó, una promesa de actuación guiada por la proporcionalidad, ese requisito indispensable.

 

Asimismo, los miembros del Tribunal Constitucional iniciaron su examen de los recursos. La fiscalía actuó judicialmente contra los miembros secesionistas de la Mesa del Parlament y cursó órdenes a los distintos cuerpos policiales para evitar los dispositivos prácticos de la consulta antiestatutaria.

 

Contra lo que suponen algunos secesionistas, el Estado español, el Estado de derecho, es fuerte. Pero más porque se asienta en el consenso y la confianza ciudadana —también en Cataluña— que porque disponga, como dispone, de mecanismos de actuación contundentes.

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