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Viernes, 8 de septiembre de 2017

Acertada reacción del Estado de Derecho contra el golpe separatista

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Mientras en el Parlament se vivía otra sesión más del planificado golpe de la Generalitat al Estado de Derecho y a todas sus instituciones democráticas, la Fiscalía y el presidente del Gobierno anunciaban la esperada respuesta a quienes pretenden destruir nuestro marco de convivencia mediante la convocatoria de un referéndum ilegal de autodeterminación.

El Estado ha reaccionado con celeridad y acierto en dos direcciones. En una primera, política, el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional todas las decisiones tomadas ayer por un Parlamento usurpado por los separatistas y un Gobierno autonómico cuya única pretensión es, desde hace cinco años, superar el marco legal del Estatuto y proclamar la independencia. 


Por su parte, el fiscal general del Estado ha anunciado dos actuaciones en defensa de la legalidad vigente, es decir, de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Por una parte, a la querella criminal anunciada ayer contra los miembros de la Mesa del Parlament por haber permitido tramitar la ley del referéndum, se sumará una segunda querella contra Puigdemont y el resto de su Ejecutivo por haber dictado los decretos leyes de convocatoria y organización del referéndum ilegal.

 

Estas querellas podrían tener consecuencias penales para los afectados, ya que se podrían enfrentar a sanciones de inhabilitación que conllevan los graves delitos de desobediencia y prevaricación. Finalmente, José Manuel Maza ha ordenado a las fiscalías catalanas que, en coordinación con la Policía Judicial, es decir, con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, investiguen todas las decisiones relacionadas con la organización del referéndum, como la compra o el traslado de urnas y papeletas, por si pudieran constituir delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de caudales públicos.

 

Esta decisión es especialmente importante porque, desde ayer, las fuerzas de seguridad están al servicio de la Fiscalía para evitar que se viole la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña. Todas ellas son medidas concretas que utilizan los instrumentos del Estado de Derecho para frenar el golpe, sin caer en las provocaciones de los separatistas pero advirtiendo a los sediciosos de posibles multas, de la inhabilitación política o incluso de la pérdida de libertad. No hay que olvidar que ya se han puesto en práctica otras medidas políticas y legales como el control del Presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda con la finalidad de no permitir que las decisiones independentistas sean sufragadas con dinero público (aunque habría que estudiar su eficacia), y la millonaria fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas a Mas, Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

 

En un discurso cargado de altura política y digno del decisivo momento que vive nuestro país, Rajoy dejó claro que hará "todo lo necesario, sin renunciar a nada" para evitar que se ponga fin al periodo de mayor prosperidad y paz social vivido en la historia reciente de España. Los logros de la Transición fruto del esfuerzo de reconciliación y convivencia llevados a cabo por todos los ciudadanos hace 40 años, no pueden ser puestos en peligro por la obcecación de unos políticos que en una alocada huida hacia delante están hipotecando el futuro no sólo de los catalanas, sino de todos los españoles.

 

Es lógico que muchos hayan echado de menos la determinación con la que el Estado actuó ayer, ya que de haberlo hecho antes, se habría evitado el deterioro de la convivencia que se ha producido en Cataluña, una sociedad partida en dos. Porque aunque es cierto que hasta que los independentistas no perpetraron el golpe institucional no se podía actuar legalmente contra ellos, también lo es que el Ejecutivo se ha mostrado demasiado pasivo ante el desafío catalán, al que se podría haber combatido por otros medios, igualmente democráticos. Ahora pagamos los años de impunidad en, por ejemplo, la imposición excluyente del catalán o el discurso nacionalista en los medios públicos y los programas escolares.

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