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Viernes, 8 de septiembre de 2017

La sedición separatista topa con la impecable acción del Estado

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No parece que la opinión pública vaya a dejarse engañar por la escenificación de los partidos separatistas catalanes y por la incalificable actuación de la Generalitat sobre cuál será el final de todo este enredo.

 Tal vez, los ciudadanos reclamen mayor celeridad y contundencia a las instituciones, pero, hasta el momento, la respuesta de los poderes públicos al golpe contra la democracia perpetrado en Cataluña está siendo impecable, con respeto exquisito al ordenamiento jurídico y en los tiempos que prescribe la Ley. Como señaló ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, harían bien los impulsores del desafío separatista en no menospreciar la fuerza de la democracia española, por más que, en lo inmediato, vivan en la efervescencia de su ensoñación.

 

En los tiempos medidos, la Ley caerá sobre ellos con todo su peso. Coordinadamente, la Fiscalía del Estado, el Consejo de Estado, el Gobierno y el Tribunal Constitucional están tomando las providencias precisas en cada terreno, también, por supuesto en el del Código Penal, para invalidar los actos legislativos indeseables llevados a cabo por el Parlament y el Gobierno catalán y, como no podía ser de otra forma, individualizando los delitos. En nuestra legislación, son las personas quienes se responsabilizan de sus actos, más aún en el caso de los funcionarios públicos, sin que quepa cubrirse detrás de pantallas colectivas o institucionales.

 

Es decir, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de sus consejeros en el Gobierno, seguirán el mismo camino que la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, y los miembros de la Mesa, ya imputados por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. En este sentido, hay que destacar la claridad y la firmeza del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al dar cuenta de la presentación de las querellas criminales «en defensa –según sus propias palabras– de la legalidad y del Derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Cataluña, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional».

 

Es, insistimos, la respuesta eficaz que se precisa, a la que se refería el presidente del Gobierno en su comparecencia, firme, con aplomo, serenidad y dignidad, pero sin renunciar a ninguno de los instrumentos del Estado. Sin embargo, y aunque el aspecto jurisdiccional tenga que primar ante el hecho incuestionable de que nos hallamos ante unos actos delictivos de la mayor gravedad, puesto que se atenta contra el ordenamiento constitucional, la soberanía nacional y el propio sistema democrático, era igualmente importante que se articulara una respuesta política a este intento sedicioso, y no sólo en el ámbito nacional, como así se ha hecho.

 

A estos efectos, a nadie se le escapa la trascendencia de la respuesta parlamentaria del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la que advierte de que «cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea», e insiste en que si una parte de un Estado miembro dejara de formar parte de dicho Estado, los Tratados dejarían de aplicarse en ese territorio». Pero, además, la inmensa mayoría de la sociedad española se habrá sentido mucho más confortada y segura de que se harán valer sus derechos tras comprobar que los líderes de los principales partidos constitucionalistas españoles comparten el compromiso inequívoco de la defensa de la Ley y de la soberanía nacional.

 

Pocos entenderán otras posturas, demagógicas e incoherentes, de quienes pretenden intervenir democráticamente en los destinos de la Nación y juegan irresponsablemente con las palabras, pero cada cual tendrá que hacer frente a sus responsabilidades. Porque la democracia española no sólo prevalecerá sobre el intento separatista catalán, sino que saldrá reforzada. Cuenta con la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos y con el respaldo internacional, que reconoce la calidad democrática de España y confía plenamente en su futuro. Como muestra, ayer, el Tesoro Público colocó 4.780 millones en deuda a medio y largo plazo en los mercados internacionales, con intereses menores.

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