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Jueves, 7 de septiembre de 2017

Naufragio del ‘procés’

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El debate del Parlament que lanzó la ley del referéndum secesionista supone el cénit de radicalidad y tensión en el desafío contra la democracia española y contra la legalidad y las instituciones catalanas de autogobierno que el procés soberanista abrió hace un lustro.

Pero el tiempo acerca enormemente ese mismo proceso a su naufragio. Desprovisto el bloque secesionista de alianzas; expulsados los moderados y legalistas del nacionalismo de sus partidos; purgados los prudentes del Govern; fragmentada la sociedad catalana, y recorrida una esotérica hoja de ruta que ha llevado a la descomposición política y a la anomia gubernativa, solo faltaba el broche para iniciar el capítulo final de esta descabellada aventura.

 

Un broche final que fue el espejo cóncavo de un movimiento social cuyos inicios habían perseguido ser amables, próximos, cívicos y pacíficos, como un 15-M del soberanismo. El espectáculo ofrecido este miércoles por la (exigua) mayoría parlamentaria independentista (representativa de una minoría de votos populares) y por la presidenta de la institución, Carme Forcadell, no solo es que fuera atropellado, vergonzoso y atrabiliario en su intento de aplastar a la oposición, a los millones de votantes que esta representa, y por tanto al Estado de derecho y al sistema democrático en su conjunto. Es que supuso el reverso de la pulcritud, el respeto a la legalidad y la transparencia que prometía.

 

El primer gran acto de la ruptura fue, sí, parlamentario. Pero turbulento, como corresponde a un movimiento que pretende destruir lo construido conjuntamente durante cuatro décadas de democracia española; autonomía catalana; gran contribución de los catalanes al quehacer colectivo y balsámica pertenencia a Europa.

 

El intento de someter a los diputados de la oposición y partir en dos a la Cámara (y, por tanto, romper también en dos frentes a la entera Cataluña) provocó una dignísima respuesta de las minorías. Y evidenció los malos y abruptos modos, excluyentes, autoritarios y de escasa urbanidad que la mayoría, el grueso de la Mesa y la presidencia dispensaron a aquellos en quienes confiaron más de la mitad de los electores.

 

El procedimiento simplificado, opaco, exprés, carente de garantías, huérfano de control de constitucionalidad y de plazos suficientes para las enmiendas y el debate quedó a la vista de todos: como muestra de que se pretende el hercúleo desastre de romper la convivencia y la legalidad mediante una ley casi clandestina, desprovista de toda credibilidad parlamentaria y de todo estándar democrático.

 

Algunos de los diputados más despiertos del bloque secesionista se percataron de que el planteamiento sectario de esta ley, y los modos a la par serviles y autoritarios de la presidencia, hacían peligrar su proyecto ante la ciudadanía que siguió el debate. Y por supuesto ante la escena internacional. Con pesar —sin duda compartido por muchos—, hay que lamentar el desprestigio al que ha sometido a una institución que había sido avanzadilla en muchos progresos sociales, del testamento vital a la lucha contra la pobreza.

 

No es excepcional en la historia parlamentaria universal el caso de una Cámara que se automutila (en ocasiones hasta el suicidio), entregando sus poderes a Ejecutivos dislocados, líderes peligrosos o proyectos descabellados.

 

El veto de la Mesa a la solicitud de un dictamen de constitucionalidad al Consell de Garanties Estatutàries supone un inaceptable recorte de los derechos de los representantes democráticos y un atentado contra la propia normativa estatutaria, como certificó también un breve pero solemne acuerdo del propio organismo: la respuesta de la Mesa de que la mayoría de escaños prevalece sobre todo lo demás (como los organismos para su control) concita fantasmas dictatoriales. Aquellos que reducen primero la soberanía popular en hegemonía de la Cámara y acaban jibarizándola a su mayoría circunstancial.

 

Así que ese veto entraña también una dramática autolesión de la Cámara y un consecuente perjuicio a su credibilidad. A partir de ahora, su normativa sin filtros de calidad y sin coherencia con la imprescindible jerarquía normativa, coexistirá con la legislación correcta, y bien se sabe que la moneda falsa acaba expulsando del mercado a la auténtica. Pierde ante todo Cataluña y todos los catalanes.

 

El plan secesionista ya ha fragmentado a la sociedad catalana, pero su propósito inmediato va más allá: quebrar la complicidad y la solidaridad de los españoles y del Estado plural y descentralizado del que se han dotado. El recurso del Gobierno a restituir la legalidad desde la justicia apelando al Tribunal Constitucional es adecuado y proporcionado. Y es especialmente loable que los grandes partidos de la oposición, que mantienen con él enormes diferencias de toda suerte, apoyen sin paliativos esta actuación. Sin retornar a los cauces de la legalidad común, la cuestión catalana se alejaría de soluciones factibles, constructivas, que eviten la división y quién sabe si mucha frustración y dolor.

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