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Miércoles, 6 de septiembre de 2017

Frente a la desesperación separatista, la serenidad del Estado

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La noticia de que el Tribunal de Cuentas, en el reglamentario ejercicio de sus funciones, ha citado a Artur Mas y a otros diez altos cargos para enfrentarlos al precio de su desobediencia ha suscitado una reacción entre cómica y desesperada por parte de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Los dos pilotos del mayor golpe a la legalidad vigente desde la intentona de Tejero se quejan ahora de que el Gobierno vulnera el Estado de Derecho. Se diría que el fervor nacional limita con el bolsillo del falso patriota en el mismo momento en que un tribunal tasa el importe en líquido de su sacrificio, hasta entonces puramente retórico. En este caso, son cinco millones a repartir entre 11 bolsillos. 

 

Pero ni siquiera Puigdemont puede ser tan cínico como para escandalizarse en serio de que el Estado responsabilice a los infractores de sus actos. Evidentemente, nos encontramos ante la enésima provocación de un Govern aferrado al clavo ardiendo de una respuesta desproporcionada. Ese paso en falso que Rajoy se cuida mucho de dar es la última esperanza del indepentismo para reavivar un proceso abocado a un fracaso histórico.

 

Pero el anuncio del Tribunal de Cuentas causará a buen seguro un temor más privado que público entre los jefes separatistas. La agenda prevista para esta semana continúa su curso suicida. Por primera vez desde la restauración de la democracia, una cámara legislativa autonómica se colocará deliberadamente al margen de la ley. Es decir, consumará el golpe al orden constitucional vigente. El Parlament, despreciando la resolución firme del Tribunal Constitucional y la más rudimentaria cultura democrática, con los únicos votos de Junts pel Sí y la CUP y sin esforzarse siquiera por guardar la apariencia del respeto parlamentario, pretende aprobar en pleno las mal llamadas leyes de Transitoriedad y del Referéndum que activan el plan separatista. La sedición, hasta ahora retórica, ignoraría entonces el Derecho y tomaría definitivamente la vía del hecho. Esto es, del delito.

 

Todos los poderes del Estado deben ahora coordinarse para atajar una insólita agresión a la soberanía nacional, que pertenece al conjunto del pueblo español. No por grotesco y bananero, el asalto a plena luz del día de los derechos políticos de todos los españoles resulta más tolerable. La respuesta ha de ser proporcionada al quebranto ocasionado, pero tan enérgica como ayer se desprendía de las palabras del fiscal general del Estado y del presidente del Consejo General del Poder Judicial durante el acto de apertura del año judicial. "Frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, no caben vacilaciones de clase alguna", afirmó ayer José Manuel Maza. Carlos Lesmes tampoco dejó lugar a la ambigüedad cuando recordó que la defensa de la unidad de la nación española constituye un «mandato jurídico directo». Es decir, que recurrir a los tribunales no es una decisión opcional dentro de la estrategia del Gobierno: es una obligación derivada de la misma razón de ser del poder judicial español.

 

Ahora bien, el judicial es solo uno de los tres poderes del Estado. La reacción del Ejecutivo debe acompañar la sanción de los tribunales con la búsqueda del acuerdo más sólido posible entre las fuerzas constitucionalistas, al tiempo que programa una incansable labor de pedagogía. En esa acertada dirección cabe interpretar la reunión mantenida ayer en Moncloa entre Rajoy y Rivera, cuyo partido lidera la oposición al independentismo en Cataluña. A ese consenso se ha sumado Pedro Sánchez quien, pese a sus inoportunas logomaquias plurinacionales, ha prometido la adhesión del PSOE a la respuesta gubernamental. Poco cabe esperar de Ada Colau, que coquetea con la cesión de espacios públicos donde poner las urnas y cuyo número dos, Pisarello, proclama un "sí crítico" a la farsa. Frente al aspaviento desesperado de los sediciosos, la serena contundencia del Estado.

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