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Martes, 5 de septiembre de 2017

Faltan veinticinco días

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Llega la hora de la verdad para todos: para los impulsores del proceso secesionista de Cataluña y para los que por imperativo legal tienen el deber y la obligación de impedirlo. Quedan sólo veinticinco días para que este pulso sobre la celebración o no de un referéndum a todas luces ilegal sobre la separación de Cataluña del resto de España llegue a su fin.

Un pulso, un debate cuyo inicio se remonta a la Diada de hace cinco años y que ha acaparado de forma más o menos permanente la atención informativa y política durante todo este tiempo.

 

Ahora ya no hay marcha atrás posible. Los independentistas han ido demasiado lejos en sus promesas y en sus acciones, como para bajarse del burro en el último momento. Este miércoles está previsto que se apruebe en el Parlamento de Cataluña la denominada ley de referéndum, que a continuación sería firmada por todos los miembros de la Generalitat -para no dejar sólo al Presidente Puigdemont ante una más que probable inhabilitación-, y también de manera inmediata sería recurrida por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional que decretaría su suspensión también en tiempo récord. A partir de ahí se abrirán varias incógnitas como, por ejemplo, que sucederá si el Gobierno de la Generalitat, como es previsible, desacata lo que dicte el Tribunal Constitucional, o que hará el Gobierno de la Nación si el 1 de octubre la Generalitat consigue instalar todas o parte de las 6.000 urnas que su Presidente ha desvelado que ya han adquirido.

 

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando juró su cargo lo hizo con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley. Pues eso es lo que, lisa y llanamente, tiene que hacer ahora ante el desafío secesionista. Todo el mundo sabe que una Comunidad Autónoma no tiene competencias para convocar un referéndum y mucho menos para decidir si se separa del resto del Estado del que forma parte. El Gobierno de la Nación y el resto de Instituciones que conforman lo que se conoce como el Estado de Derecho tienen los instrumentos necesarios -aplicación del artículo 155 de la Constitución incluido- para impedir que esa ilegalidad que supondría la celebración de un referéndum se lleve a cabo.

 

Sabido es que Rajoy es muy partidario de dejar pasar el tiempo en la confianza de que eso vaya solucionando los problemas. En este caso, esa fórmula de no hacer nada ya se ha visto que no ha dado resultado. En los próximos días tendrá que actuar, lo que implicará tomar decisiones contundentes e incómodas, con un objetivo claro: que los actuales gobernantes de Cataluña no se salten la ley y que si lo hacen se aplique todo el peso de esta sobre ellos, como sucede con todos y cada uno de los sufridos ciudadanos cuando no cumplen sus obligaciones. ¿O es que no somos todos iguales ante la ley?

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