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Martes, 5 de septiembre de 2017

Los mandatos no deben limitarse por tacticismo

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La proposición de ley registrada ayer por Ciudadanos para limitar a ocho años el mandato del presidente del Gobierno suena a bienintencionada melodía regeneracionista, pero la letra plantea algunas dudas.

En primer lugar, se trata de una medida extraña a nuestro ordenamiento político, concebida más bien para regímenes presidencialistas, acechados siempre por la voluntad de perpetuación del líder. La historia enseña que la tentación de corromperse tiende a crecer en proporción directa al tiempo de permanencia en un cargo. Sin embargo, el sistema parlamentario alemán sirvió de modelo constitucional al español y allí Angela Merkel va camino de ostentar su cuarta legislatura, por democrática decisión de los votantes. Y luego están los ejemplos de México o Rusia, donde la limitación positiva de mandatos no ha comportado precisamente una mejora apreciable de la higiene institucional.

 

Es cierto que algunas comunidades -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia- ya han instaurado por ley esta limitación a ocho años para el cargo de presidente autonómico. Y en otras como Madrid todos los grupos políticos votaron por abrir el debate. Pero quizá sea más atinado seguir confiando en la juiciosa autolimitación de presidentes como Aznar y Zapatero. En realidad, más allá de conjeturas de tertulia, no hay pruebas de que Rajoy -a no ser para atajar el intento de otra moción de censura- planee volver a presentarse a unas elecciones que, de ganarlas, extiendan su hegemonía hasta los 12 años.

 

EL MUNDO está comprometido con todas aquellas medidas que contribuyan a la regeneración real de la vida política española. El partido centrista admite que esta propuesta por sí misma no supone un paso decisivo, sino uno más dentro de un paquete de reformas que el propio PP firmó a cambio de la investidura de Rajoy. El partido del Gobierno debe cumplir su palabra, pero discrepamos de que este sea el momento más propicio para asumir esta exigencia concreta, necesitada por añadidura de un desarrollo constitucional claro. Ciudadanos, que nació para dar voz y voto a los catalanes excluidos por la deriva asfixiante del nacionalismo, debería medir mejor las tiempos para no debilitar al jefe del Ejecutivo cuando el Gobierno se prepara para repeler el golpe a la legalidad constitucional anunciado por Puigdemont. Tiempo habrá para repensar esta medida, así como la reducción de los aforamientos y otras iniciativas recogidas en el pacto de investidura que sin embargo demandan un acuerdo amplio, transversal y sincero de las fuerzas políticas. No es eso lo que de momento tiene la formación naranja, más allá de una vaga adhesión de Iglesias a la "música" de la propuesta.

 

Por lo demás, ninguna proposición de ley debe correr el riesgo de ser interpretada ad hominem. Los de Rivera -quien por cierto acumula una década al frente de su partido, sin que nadie en el PP u otros partidos haya puesto en duda la democrática condición de ese liderazgo- niegan tal personalización, admitiendo la posibilidad de que Rajoy pueda concurrir de nuevo a unas elecciones tras pasar una legislatura en barbecho. Imitan así una cláusula ideada por José Bono para limitar la permanencia al frente de la Junta de Castilla-La Mancha.

 

No dudamos de la sana intención regeneracionista de Ciudadanos, pero en ocasiones sus propuestas adolecen de un cierto tacticismo tan efectista en el corto plazo como poco cuajado. Tienen todo el derecho a condicionar su apoyo al Gobierno a una tarea pendiente de limpieza interna que al PP le cuesta acometer por sí mismo. Pero la madurez política exige aprender a diferenciar lo accesorio de lo sustancial. De lo contrario, Cs corre el peligro de contagiarse de ese populismo simplón que reduce a un sintagma obsesivo -"echar a Rajoy"- toda su labor de oposición.

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