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Domingo, 3 de septiembre de 2017

Evitar otro 17A

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Han pasado poco más de dos semanas desde los atentados del 17 de agosto y es tal el grado de politización y turbiedad que se ha instalado en el debate que es hora de elevar el foco y de apelar a todas las instituciones implicadas a iniciar un análisis sosegado y global de los fallos cometidos en todos los eslabones de una cadena que es colectiva y que como tal debe seguir funcionando.

Todo Estado debe velar por la seguridad de sus ciudadanos. Ese es uno de sus principales cometidos. Todo atentado, máxime cuando pierden la vida ciudadanos, supone un fracaso de los servicios de seguridad. Un fracaso que no significa culpa, sino responsabilidad consustancial a su tarea.

 

No se trata tanto de dilucidar a posteriori si se podría haber evitado un golpe, sino de prevenir los siguientes. Eso es lo que se hizo tras los atentados del 11-M. Se verificaron fallos de los que se dedujeron las medidas preventivas adecuadas para el futuro. Y es lo que se ha hecho tras cada atentado habido en este país, que por desgracia ha sufrido muchos de diverso tipo e inspiración. De ahí que sorprenda sobremanera el empeño del Govern catalán y de la dirección de los Mossos d'Esquadra en esquivar ese debate y atribuir los análisis críticos a campañas con intencionalidad política. Exigir la máxima transparencia es una obligación: no hacerlo sería negligente e irresponsable. Sobran las acusaciones cruzadas, la mala fe y las culpabilizaciones extemporáneas tras una andadura de 13 años sin ataques que prueban de sobra el buen trabajo realizado. Se necesita la búsqueda de puntos ciegos que permitan desde la honestidad arrojar en ellos luz para el futuro. 

 

Un repaso en busca de esas respuestas nos lleva a tirar del hilo que arranca con las primeras sospechas de vinculación de Abdelbaki Es Satti, el imán de Ripoll y supuesto líder del comando, con el entorno yihadista, que se remontan a 2005. Es Satti compartía entonces piso en Vilanova i la Geltrú con Mohamed Mrabet Fhasi, jefe de una célula yihadista supuestamente vinculado a los atentados de Casablanca. También vivió con un musulmán más tarde inmolado en Irak y todo ello levantó sospechas de la policía. En 2008 la Audiencia Nacional descartó procesarle, pero sin duda no debió de salir de la órbita de la policía, con su correspondiente comunicación a los demás cuerpos. La pista de Es Satty se pierde hasta 2011, cuando fue condenado a cuatro años por trasladar 121 kilos de hachís. El juez aceptó su recurso y revocó la expulsión dictada por ser extranjero con condena de más de un año por delito doloso. Pero ¿por qué los Mossos no conocían estos antecedentes? ¿No debió compartir la policía española esta información?

 

Estas preguntas están aún más necesitadas de respuesta clara tras el siguiente episodio de oscuridad en el rastro de Es Satty, y es su paso por Vilvoorde (Bélgica) entre enero y marzo de 2016. El imán desató las alertas con su discurso radical. El país había sido objeto de atentado y la localidad estaba bajo la lupa de las fuerzas de seguridad, por lo que las alarmas saltaron, pero aparentemente no lo suficiente como para hacer llegar toda la información a España. Ni a Europol. Un agente belga consultó informalmente a un mosso, que no conocía los antecedentes de Es Satty ni pareció hacer lo suficiente por averiguarlos. ¿Por qué la policía belga no fue más explícita, si es que no lo fue, y se limitó a preguntar a un colega? ¿Por qué el mosso tardó dos meses en contestar? ¿Por qué la Policía Nacional no había trasladado sus viejas sospechas o datos a los Mossos? En julio, además, Es Satti estuvo en Marruecos supuestamente con yihadistas. ¿No se investigó o comunicó este dato? 

 

Pero los fallos posiblemente mayores, ya no en términos de inteligencia sino operativos, fueron los que rodearon la explosión en Alcanar, en la que murió el propio Es Satty. ¿Cómo fue posible que unos forasteros de la urbanización acumularan tanto material explosivo durante tantos meses sin que levantaran sospechas? ¿Por qué no se había indagado quién había ocupado esa casa? ¿Por qué no se relacionó inmediatamente la explosión del 16 de agosto con un posible preparativo de atentado, cuando la alerta estaba en grado 4 de 5 y había un alto riesgo en Cataluña? ¿Es cierto que no dejaron actuar a los Tedax de la Guardia Civil? ¿Y por qué? ¿Habría dado esto otra velocidad a la investigación?

 

Una vez cometidos los atentados, aún queda por aclarar por qué los Mossos no capturaron a algunos terroristas con vida, especialmente al conductor de la furgoneta de la Rambla, que además logró escapar de una Operación Jaula diseñada para evitar su fuga. Ni por qué no ha funcionado la detección de focos de radicalización, que hoy además deberá adaptarse a esta nueva realidad de yihadistas camuflados bajo ropas y costumbres occidentales. Las preguntas se acumulan, en suma, para una investigación que puede y debe albergar muchas otras. Urge a todos sumar esfuerzos para emprender un análisis que nos intente librar con más eficacia de las siguientes amenazas; que llegarán.

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