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Viernes, 19 de mayo de 2017

No hay razones para imputar a Cifuentes aunque debe explicarse

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que comparecer en la comisión que investiga la corrupción política en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre su responsabilidad en la contratación irregular del servicio de cafetería y comedor de la Cámara madrileña en 2009 y 2011, apuntada en un informe de la UCO.

La exigencia está amparada por todos los grupos parlamentarios menos el PP. En el ambiente de las graves denuncias de corrupción que se ciernen sobre los antiguos dirigentes del PP madrileño, la presunta implicación de la presidenta de la Comunidad en alguno de esos hechos ha desatado una tormenta política y mediática que creemos que merece situar en sus justos términos.

 

Ni que decir tiene que una supuesta dimisión de Cifuentes por algún caso de corrupción supondría una gran victoria para la oposición y, muy probablemente, daría a los partidos de izquierda el poder de la Comunidad en las próximas elecciones autonómicas. En primer lugar, conviene diferenciar entre una falta administrativa y un delito. Los informes de la UCO sobre el concurso de la cafetería que dio la concesión al Grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por haber financiado irregularmente al PP, describen un proceso negligente.

 

Algunos miembros del comité de expertos de la Asamblea -presidida entonces por Cifuentes- cuentan a la Guardia Civil cómo llegaron las ofertas en cajas cerradas y nadie se planteó su análisis antes de tomar la decisión. La investigación de la UCO revela también que pudo haber variaciones previas en los criterios de evaluación de las ofertas que beneficiaban notablemente a Arturo Fernández y que ni siquiera se llegaron a discutir en el momento de la adjudicación. En segundo lugar, en los informes no se habla -ni siquiera se sugiere- que, a cambio de esa adjudicación, los miembros de la mesa de contratación -representantes de varios partidos y funcionarios de la Asamblea- hubieran recibido nada a cambio, ni que el PP se hubiera lucrado ilegalmente por esta concesión.

 

Podemos estar, por tanto, ante una dejación de funciones, una negligencia administrativa más o menos grave, en la que Cifuentes está involucrada en función de su cargo en aquel momento. Por eso aparece en los informes y por eso vemos conveniente que ofrezca explicaciones políticas por una actuación en la que no se respetó la transparencia de los procedimientos. Pero, de momento, no hay constancia de que hubiera por su parte ninguna intención de favorecer a una oferta concreta, ni de que ella se lucrara personalmente en el concurso ni de que de esa concesión se sucedieran directamente pagos irregulares al PP. Cifuentes dijo cuando compareció ante los medios el pasado martes que «actuó dentro de la legalidad», y que la decisión se tomó "por unanimidad y en base a criterios técnicos".

 

Tiene razón la presidenta, pero también es cierto que este sistema de adjudicaciones públicas establecido en la Comunidad genera dudas sobre su transparencia. Ello plantea la necesidad de introducir más controles para evitar cualquier decisión discrecional.Por ello, sí vemos conveniente que Cifuentes acuda a la Asamblea a explicar cómo de desarrollaron aquellas adjudicaciones que dieron a Arturo Fernández el servicio de cafetería de la Asamblea, tal y como han pedido los grupos parlamentarios.

 

Conviene recordar también que en 2014 este grupo renunció a esa concesión y dejo tras de sí intoxicaciones, pérdidas anuales de 90.000 euros y sueldos sin pagar. Pero también pensamos que el juez Eloy Velasco tiene razón al considerar que con los datos que se conocen no procede imputar a Cifuentes por cohecho y prevaricación al no ver responsabilidades penales en su actuación. Por tanto, tampoco hay razones para elucubrar a día de hoy sobre su posible renuncia al cargo.Por último, hay que hacer mención que en esta ocasión los informes elaborados por la UCO que están en manos del juez son veraces en lo que se refiere a la investigación de los hechos y a los testimonios deducidos de la misma. A pesar de que se ha intentado descalificarlos, son documentos relevantes para conocer qué ocurrió. Creemos que ayudarán al juez a determinar las responsabilidades penales y servirán para esclarecer si hubo responsabilidades políticas. Por eso es necesario luz y taquígrafos en este asunto.

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