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Redacción
Jueves, 18 de mayo de 2017
según datos del pendrive requisado al exgerente Beltrán Gutiérrez

La Guardia Civil apunta que el PP pagó con dinero público gastos de la campaña de Rajoy de 2008

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El Partido Popular de Madrid habría subvencionado parte de los gastos relativos a la campaña de las generales de 2008 --en las que fue cabeza de lista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-- como la publicidad exterior, banderolas, trípticos y hasta el telepronter, con subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid a la Fundación Fundescam, según apunta la Guardia Civil en un informe que obra en el sumario de la trama Púnica.

[Img #59835]Dicho documento concluye que la formación madrileña empleó "facturación falseada" para cursos del ámbito audiovisual y diseño gráfico que nunca existieron "enmascarando los conceptos realmente facturados" para costear los gastos electorales.

 

El análisis efectuado por agentes de la Unidad Central operativa (UCO) del pendrive requisado al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez en el registro de su domicilio detecta que las cantidades que aparecen en sus documentos coinciden exactamente con las recogidas por las facturas arriba mencionadas aunque con conceptos diferentes.

 

Así, por ejemplo en el apartado referido a 'Publicidad Exterior' de los papeles de Beltrán aparece el concepto 'carteles' asociado a la empresa Emfasis por un importe de 2.389 euros, y que se ubica a la columna F, en referencia a Fundescam. Se trata de la misma cantidad y la misma empresa que aparece en la factura falsa pero bajo el concepto 'Edición de programas de cursos y seminarios'.

 

En la misma columna F se recogen gastos por importes de 50.529 euros y 46.189 con los conceptos de 'esquineros' (voluntarios del partido que reparten propaganda electoral en campaña) y 'telepronter', según el informe que precisa que en algunos casos hasta se fracturaba el pago del gasto electoral en diferentes facturas sobre boletines informativos pero cuya suma daba un resultado idéntico a la cifra que manejaba el exgerente popular en sus anotaciones.

 

La Guardia Civil matiza que la subvención en cuestión fue concedida por el entonces vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ignacio González por un importe de 200.620 euros.

 

El expediente de subvención recoge un documento firmado por Beltrán Gutiérrez Moliner y el exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid Ignacio Echevarría -ambos investigados en la causa-- mediante el que certificaban la realización de actividades, cursos y reuniones que no se llegarían a realizar.

 

RAJOY SOLICITA DECLARAR POR VIDEOCONFERENCIA EL 26 O 27 DE JULIO

 

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha remitido un escrito al tribunal que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) en el que solicita que su declaración como testigo en este procedimiento se realice por videoconferencia. Señala los días 26 y 27 del próximo mes de julio como los más adecuados para este trámite en función de su agenda de actividades, han confirmado fuentes conocedoras de la comunicación.

 

La petición para que el testimonio no sea presencial sino mediante una videoconferencia desde Moncloa, que podrá verse en la Sala de juicio, fue también defendida por escrito el pasado día 10 por el Partido Popular, acusado en este juicio como partícipe a título lucrativo.

 

La declaración por videoconferencia esta prevista en el artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, de manera específica para el proceso penal, en el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que dice concretamente que "el tribunal de oficio o a instancia de parte (...) podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido".

 

La elección realizada por el presidente del Gobierno, de ser aprobada por el tribunal, cumple por lo tanto con estas prevenciones y también con las incluidas en el artículo 703 de la LeCrim, dirigidas a que la práctica de la prueba no afecte al "adecuado ejercicio de su cargo", según las mismas fuentes.

 

El abogado del PP Jesús Santos argumentó en su día que en el auto por el que la mayoría del tribunal --los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada-- aceptaron esta prueba testifical "no quedaron definidas las condiciones específicas" para su realización, por lo que la videoconferencia no debería descartarse.

 

"Ante una potencial solicitud de declarar por videoconferencia solicitada por el testigo, no cabe sino que el tribunal la acuerde siempre que se den los requisitos legales para ello", adelantaba el PP en su escrito. Añadía que en consecuencia una vez citado éste "está legitimado para solicitar que su declaración se practique por el sistema de videoconferencia".

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