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Miércoles, 11 de enero de 2017
30 encausados en la trama de corrupción

Las defensas del 'caso Guateque' solicitan la nulidad de las escuchas

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Las defensas de los acusados en el 'caso Guateque' han solicitado a la Sala la nulidad de actuaciones por vulneración de diversos derechos fundamentales, especialmente por las escuchas telefónicas, y han denunciado dilaciones indebidas, reclamando que los procesados puedan ausentarse de las sesiones.

[Img #55253]La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado el juicio contra la considerada mayor trama de corrupción producida en el seno del Ayuntamiento de Madrid. Una corruptela que estalló el 14 de noviembre de 2007 durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, lo que llevó a abrir una causa penal tildada de "chapucera" por uno de los abogados.

 

La principal prueba de cargo en la causa que dirigió el juez Santiago Torres son las intervenciones telefónicas realizadas por los investigadores de la Guardia Civil. En ellas se desvelaban las cantidades que la red exigía a cambio de acelerar determinadas licencias --entre 6.000 y 30.000 euros--, desvelando la impunidad que reinaba en esa época en la Concejalía de Medio Ambiente del Consistorio capitalino.

 

En el banquillo se sientan 30 procesados, entre ellos ex funcionarios municipales y empresarios. Se les acusa de formar parte de una red de concesión de licencias exprés a cambio de dinero.

Medio centenar de licencias de locales de diverso índole estuvieron en el punto de mira de las pesquisas llevadas a cabo por el entonces juez Instructor Santiago Torres, quien ahora está en una de las secciones penales de la Audiencia madrileña. Los encausados se enfrentan a penas que suman 250 años de cárcel.

 

En la fase de cuestiones previas, varios abogados han coincidido en solicitar que sus clientes estén exentos de asistir a todas las sesiones, que se extenderán hasta el próximo mes de mayo. Han mencionado que se aplique una Directiva de la Unión Europea que delimita el derecho del acusado a la asistencia al juicio.

 

Otros letrados han reclamado la nulidad de las intervenciones telefónicas, como la abogada del empresario Antonio Sanz Escribano, considerado uno de los mayores recaudadores, y la defensa del exfuncionario Carmelo García, entre otros. En el caso del empresario, se ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución Española.

 

DILACIONES INDEBIDAS

 

El abogado de Victoriano Ceballos, uno de los presuntos cabecillas de la red de cobro de sobornos, ha aportado varios documentos relacionados con diferentes delitos que se le imputan a su cliente. Ceballos, que afronta una petición de 14 años de cárcel, estaba al frente de la División de Impacto Ambiental.

 

La defensa de Joaquín Fernández Castro, exjefe del departamento de Medio Ambiente, ha planteado que se ha producido "una grave" vulneración de diversos derechos fundamentales, como a la tutela judicial efectiva, de dilaciones indebidas, del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías.

 

Tras tachar de "chapucera" la instrucción, ha cargado contra el juez instructor por ordenar el ingreso en prisión de su cliente en base a hechos de los que hoy no está sentado en el banquillo y sin indicio alguno. Castro estuvo 73 días en la cárcel de Alcalá Meco, abandonando su ingreso en enero de 2008 bajo fianza de 60.000 euros. De igual modo ocurrió con Ceballos.

 

"Hasta marzo de 2013, el juez no solicitó al Ayuntamiento los expedientes de los delitos, seis años después de que se iniciara la causa. Y en julio de 2013, se acusó recibo de los expedientes municipales", ha criticado el letrado. Hasta entonces, su cliente tuvo que someterse a varias declaraciones. "Mi cliente ha sufrido la pena de banquillo", ha denunciado, al tiempo que ha reclamado la nulidad de todas las actuaciones.

 

El abogado de Sara López, exempleada de la Junta de Distrito de San Blas, ha hablado de vulneración de derechos fundamentales de su patrocinada por dilaciones indebidas, dado que han pasado diez años desde que se iniciara la causa. También ha reclamado a la Sala que su clienta pueda ausentarse de la vista, ya que si solo se la juzgara a ella el juicio duraría un día.

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS

 

También ha denunciado dilaciones indebidas y vulneración de varios derechos fundamentales el abogado de Carmelo Garcia, otro de los funcionarios municipales inmerso en la macrocausa. El fiscal solicita 21 años de cárcel para este exfuncionario.

 

Se ha quejado del modo cómo se llevaron a cabo las intervenciones telefónicas, denunciado la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. La nulidad llevaría a la nulidad de todas las declaraciones practicadas a su cliente.

 

La práctica totalidad de los letrados se han sumado a la petición de los primeros compañeros en hablar sobre la nulidad de las escuchas telefónicas y a la asistencia de este macrojuicio.

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