Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Miércoles, 11 de enero de 2017

El Frob debe dar explicaciones sobre el rescate de las cajas

Guardar en Mis Noticias.

El Informe del Tribunal de Cuentas sobre el coste de la reestructuración bancaria -mejor, de las cajas de ahorros- viene a poner algo de luz en uno de los episodios más oscuros de la crisis económica que ha vivido España. No es el primero que realiza sobre el tema el organismo fiscalizador, pero este último abarca el proceso completo del rescate financiero, entre 2009 y 2015. Un saneamiento que ha tenido un coste para las cuentas públicas de 60.718 millones de euros -el 6% del PIB-, tras haber comprometido en el proceso 122.122 millones. La diferencia entre ambas cifras estriba en que "no todos los componentes de este conjunto de recursos públicos representan, en términos económicos, un coste", al tratarse de líneas de crédito y otros instrumentos financieros que no se llegaron a ejecutar.

El Tribunal de Cuentas recuerda en el informe que la estimación del coste final "no puede considerarse definitiva en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de reestructuración", en referencia, por ejemplo, a la privatización de Bankia y de BMN, dos entidades nacionalizadas en la crisis con cuya venta el Estado podría recuperar una parte de lo invertido en el proceso de reestructuración. Bankia, por ejemplo ha costado al erario 12.346 millones de euros -tras unos recursos comprometidos en la entidad de 22.426 millones- y vale en Bolsa unos 11.000 millones. Como el Estado tiene alrededor del 65% del capital, la venta de esas acciones supondrá unos ingresos para el Estado que dependerán de la evolución del negocio de Bankia y que ahora no se pueden cuantificar. Pero el coste también podría aumentar si el Estado tuviera que utilizar los recursos financieros comprometidos en otras operaciones, como en la CAM.

 

El informe tiene una primera lectura: la constatación de lo que ha costado a las cuentas públicas la nefasta gestión de las antiguas cajas de ahorros, hoy felizmente desaparecidas en su anterior configuración. Los poderes públicos -gobiernos regionales y diputaciones- y los agentes sociales se dedicaron a gestionar como si el dinero de las cajas no fuera de nadie y provocaron un estropicio sin precedentes. Y ello se produjo en todos los partidos. La reestructuración más onerosa ha sido la de Catalunya Banc, gestionada desde la Diputación de Barcelona en manos del PSC y presidida por Narcís Serra, que ha costado 12.676 millones. Después, se sitúa Bankia, de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP y presidida primero por Miguel Blesa y después por Rodrigo Rato. Después están la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el Banco de Valencia, ambas de la Comunidad Valenciana, en manos de los populares, como las cajas gallegas. O Caja Castilla La Mancha, presidida por el socialista Juan Pedro Hernández Moltó.

 

En estos momentos hay cerca de 300 consejeros y directivos de las antiguas cajas de ahorros implicados en procesos judiciales, acusados de distintos delitos societarios en esa mala administración, con casos tan flagrantes como las tarjetas black de Caja Madrid o los sorpresivos aumentos de retribuciones y pensiones aprobados por gestores que dejaban la entidad apenas semanas después, como pasó en Caixanova o en Caixa Catalunya. Hay que pedir a los jueces diligencia en porque estos procesos no se pueden seguir demorando en el tiempo para que los culpables del desfalco asuman sus responsabilidades.

 

Pero el Tribunal de Cuentas es muy crítico con la gestión que ha hecho el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), encargado de conducir el rescate de las cajas. Le acusa de haber actuado sin «un procedimiento» adecuado en las ventas de las entidades y de no determinar "los criterios financieros, fiscales y de oportunidad para valorar ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero" en estos procesos. Es decir, el Tribunal critica la falta de diligencia -como mínimo- del Frob en un aspecto clave de la reestructuración: la venta a bancos de entidades intervenidas. Las dos grandes operaciones que se hicieron en esa etapa fueron la absorción de Catalunya Banc por el BBVA y la de la CAM por el Sabadell.

 

Son graves acusaciones de las que el Frob debe dar cuenta. Tanto el Ministerio de Economía, del que depende el Fondo, como el Banco de España deben explicar cómo se gestionaron cada uno de los euros de los que dispusieron para reordenar el mapa bancario español. Y habría que pedir responsabilidades si se demostrara que hubo dilapidación de recursos públicos.

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
MadridPress • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress