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Martes, 10 de enero de 2017
el constructor Enrique Ortiz también se sentará en el banquillo

Procesados los ex alcaldes de Alicante Castedo y Alperi por corrupción

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El juez del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto por el que procesa al constructor Enrique Ortiz y los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Diaz Alperi por los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, en relación a la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto amaño en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

[Img #55213]En el auto, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) el martes, también se procesa por asesoramiento ilegal, información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho al hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo. Además, figuran otros seis procesados. El juez instructor, no obstante, ha decidido sobreseer la causa respecto a la esposa de Ortiz, Manuela Carratalá.

 

La causa arrancó en julio de 2010 como pieza separada del caso Brugal que investigaba el presunto amaño del tratamiento de residuos en la Vega Baja. De las conversaciones intervenidas por la Policía, se desgajó esta pieza relativa a la tramitación del Plan General de Alicante.

 

El magistrado señala en el auto que para llegar a la convicción de la existencia de indicios de delito se ha tenido en cuenta tanto las conversaciones como las numerosas diligencias practicadas y la "profusa documentación unida a las actuaciones y los múltiples informes obrantes".

 

La causa fue enviada al TSJCV en 2012 por el aforamiento de Alperi y Castedo, como diputados autonómicos, y regresó a los juzgados de Instrucción de Alicante ante la pérdida de esa condición de ambos en 2014.

 

Este procedimiento se centra en la revisión del PGOU de la ciudad de Alicante y en cómo el Ayuntamiento gobernado por Alperi y Castedo instó a la Generalitat a su "aprobación definitiva inmediata" y "sin más trámite", tal y como determina la documntación. De hecho, fue la la instrucción de esta causa la que impidió que saliera adelante.

 

Según consta en el auto, hubo una primera aprobación provisional en abril de 2009 y que la segunda, en mayo de 2010, es "transcendente" en cuanto el Ayuntamiento "remite a la Conselleria competente en urbanismo el documento requiriendo reiteradamente su aprobación definitiva".

 

Asimismo, califica como "curioso" que "a pesar de la insistencia del municipio" en la aprobación definitiva, mientras la causa se traslada al TSJCV, se produce la dimisión de Castedo en diciembre de 2014 y en febrero de 2015 "se acuerda por el municipio, desistir de la tramitación del documento" que está "ya viciado, revocando los acuerdos anteriores, en contradicción absoluta con los propios actos municipales".

 

Ese desestimiento se produce en un "momento álgido" de la instrucción bajo el argumento de "los nuevos tiempos derivados de la crisis económica", que segúnr ecuerda, arrancó en 2007. Para el instructor, es "evidente que la retirada del documento obedece realmente a la propia situación" derivada de la investigación, ya que el Ayuntamiento no dio importancia a esa crisis en el momento de instar a la aprobación de la revisión del PGOU.

 

EN FAVOR DE ORTIZ

 

Manrique Tejada considera que en este caso se quiso favorecer "de forma sustancial al principal investigado", el constructor Enrique Ortiz, que compró suelo a un precio con "recorrido" porque sabía que iría a un proceso urbanístico. "Hay que preguntarse realmente quién está en disposición de extraer una rentabilidad de los suelos adscritos, y si nos preguntamos esa importante cuestión, siempre extraemos la conclusión en la respuesta de que se favorece principalmente a señor Ortiz", indica.

 

Asimismo, señala que el empresario, "una vez obtenida la aprobación municipal", revendía participaciones a "la propia entidad bancaria" que financió la adquisición y "extrae así una importante plusvalía".

 

TRES DELITOS

 

Tejada imputa a los tres los delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada aunque puntualiza que el beneficio que pudiera obtener el imputado y sus socios de la información privilegiada "está pendiente de materializarse, en cuanto al concreto aprovechamiento urbanístico, pero no en cuanto a los movimientos societarios y financieros, en los que ya con la tramitación del procedimiento de aprobación del planeamiento en sus distintas fases, con sus informaciones urbanísticas y aprobaciones municipales, se definía como adquisición de una posición privilegiada".

 

"El posible delito se comete al preparar el documento y ser aprobado para su remisión a la Administración autonómica, pues ya se han asegurado con los cambios en la tramitación, aprobados por el municipio", añade.

 

VIAJES, DINERO Y UN MINI

 

Sobre el cohecho se remite al contenido de los informes policiales que recogen "distintas contraprestaciones" que van desde cenas en su barco, el viaje a Creta o una presunta entrega de dinero a Alperi, y el viaje a la nieve o el presunto regalo de un coche 'Mini' a Castedo.

 

Con respecto a Sonia Castedo, se hace constar que la revelación de información privilegiada se refiere a los trabajos de revisión del PGOU. Así, apunta a una conversación en la que señala a Ortiz que no le podía dar un "plano actualizado, porque no hay ninguno actualizado" pero que le habían "apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet".

 

Según el auto, como concejal de Urbanismo "se comprometió a dar a Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor", subraya Tejada, que agrega que en una conversación de 2008 "se deducen indicios de la posible comisión de hechos susceptibles de ser calificados como constitutivos de revelación de información privilegiada, dado que de la misma se extrae que Sonia Castedo habría entregado a Enrique Ortiz 'el último' después de la modificación" (planos).

 

Sobre Alperi, insiste en que el delito de tráfico de influencias y de revelación de información privilegiada se basan en conversaciones en las que "parece intervenir en beneficio de los intereses empresariales del investigado Aurelio González en la venta de las parcelas ubicadas en el sector de Las Torres de la Huerta".

 

Detalla que Ortiz buscaba comprador para sus intereses inmobiliarios en Las Torres de la Huerta y "parece tener la colaboración intermediaria del que todavía era alcalde de Alicante", sigue el auto. Asimismo, según la Policía, Alperi recibió dos "sumas importantes" por 324.000 euros para pagar las casas de sus hijos, "consumándose así un delito de cohecho".

 

En cuanto al resto de encausados, el juez instructor ve en la gestión del director del equipo redactor del PGOU, Jesús Quesada, los delitos de información privilegiada facilitada por autoridad y tráfico de influencias. Según el auto, Quesada facilitó información sobre el PGOU a Ortiz en una reunión con Castedo, cinco meses antes de la primera exposición de la revisión en mayo de 2008.

 

A José Luis Castedo y Javier Gutiérrez les atribuye asesoramiento ilegal de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Indica el auto que el hermano de Castedo y Gutiérrez mantenían una "colaboración máxima" y "su directa vinculación e interés en la organización montada" para "dirigir" el PGOU "hacía su propio interés", con Alperi como "valedor con el objetivo principal de obtener un beneficio".

 

Finalmente, imputa al empresario Ramón Salvador, delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y cohecho; y a los trabajadores Santiago Bernáldez, Virgilio Ortiz y Pablo Rico, el delito de cohecho.

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