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Martes, 10 de enero de 2017

Los copagos farmacéuticos no son una solución justa

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Es probable que de momento sólo sea un globo sonda para testar la reacción de la ciudadanía y de los partidos. Pero el deseo expresado ayer por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, de incrementar el copago farmacéutico a los jubilados que perciben más de 18.000 euros al año nos parece desacertado, amén de que no es más que un parche para tapar los serios agujeros que tiene nuestro sistema de sanidad pública. "Quien más tiene debería pagar más", declaró Montserrat para justificarlo, confundiendo así la lógica progresividad que debe imperar en impuestos como el de la Renta con las pensiones. Resulta injusto porque los ciudadanos ya pagan a lo largo de su vida laboral diferentes cotizaciones en función de sus retribuciones, lo que debiera permitir que todos los pensionistas tuvieran un mismo acceso a la cartera básica de prestaciones sanitarias.

Desde julio de 2012 funciona el llamado copago farmacéutico. Fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy en un momento de duros ajustes por la situación tan precaria de la economía española. El real decreto aprobado supuso que desde entonces los jubilados que ganan menos de 18.000 euros al año pagan el 10% del precio de las medicinas, hasta un máximo de ocho euros al mes. Los que tienen rentas entre esa cifra y los 100.000 euros, por su parte, deben abonar hasta 18 euros mensuales de tope. Y los pensionistas con rentas superiores, pagan el 60% de los medicamentos, con un límite de 60 euros. Dolors Montserrat quiere ahora «ajustar» la cuantía a quienes se encuentran en la segunda franja, aunque se trata de algo todavía en fase de estudio. 

 

La imposición del copago fue una medida muy impopular, fuertemente contestada con movilizaciones. Y enseguida se tradujo en una guerra de comunidades autónomas, ya que muchas de ellas empezaron a poner en marcha estrategias para asumir esas cantidades y que, en la práctica, el copago no afectara a los ciudadanos. De nuevo, lo que se visualizó son los 17 sistemas de sanidad que hay en España. El copago no hizo sino profundizar la falta de cohesión y ahondar la desigualdad de los ciudadanos jubilados ante la sanidad pública, en este caso tanto por cuestión de renta como porque según en qué autonomía residan tienen que pagar o no por las medicinas. Un auténtico disparate.

 

Es indudable que la sanidad pública española necesita una profunda reforma que haga viable su financiación a largo plazo. El Estado destina anualmente unos 70.000 millones de euros al que es uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Pero el gasto ha crecido durante las últimas tres décadas muy por encima del PIB. Igual que ocurre con la Seguridad Social, resulta imprescindible afrontar en serio una reforma del sector para hacerlo más sostenible y eficaz. Los expertos subrayan que hay muchas cosas que se pueden hacer para ganar en racionalidad, sin perjuicio del ciudadano. Y, para empezar, hay que mejorar la coordinación entre autonomías y tratar de corregir la actual desigualdad -el País Vasco invierte más de 1.500 euros al año por habitante frente a Andalucía, por ejemplo, que apenas llega a 1.000-. Pero mientras no se acometan las reformas profundas que son necesarias, pretender ampliar más los copagos farmacéuticos a quienes han cotizado toda su vida no parece acertado.
 

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