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Lunes, 9 de enero de 2017

El PSOE debe resolver cuanto antes su crisis de identidad

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La situación de interinidad en la que vive el PSOE desde la dimisión de Pedro Sánchez el pasado mes de octubre puede poner en riesgo la gobernabilidad del país si no se resuelve lo antes posible. A la Gestora presidida por Javier Fernández le corresponde el mérito de haber desbloqueado la situación política tras alcanzar un acuerdo con el PP para permitir la investidura de Rajoy. Una decisión de responsabilidad institucional propia de uno de los dos principales partidos que históricamente han garantizado la estabilidad política, pero que no ha hecho sino aumentar la crisis de identidad en la que está sumida la organización.

Dividido entre quienes defienden la colaboración con el Gobierno para alcanzar los grandes pactos de Estado que necesita España, y quienes pretenden refundar el partido dando un giro a la izquierda, el PSOE se encuentra sumido en una complicada travesía por el desierto que lo está desangrando entre sus propios votantes. Según la última encuesta publicada por este periódico, de celebrarse nuevas elecciones, los socialistas perderían tres puntos con respecto a los resultados del 26-J y se convertirían en la tercera fuerza política, por detrás del PP y de Podemos. 

 

Por todo ello, Fernández no puede seguir dilatando la situación y debe acabar con la falta de liderazgo del partido. El próximo sábado, el Comité Federal deberá aprobar el calendario definitivo del congreso en el que tendrá que dirimirse quién será el próximo secretario general socialista. La decisión no debería alargarse mucho, tres meses a lo sumo, o en cualquier caso antes del verano, pues esta situación de transitoriedad no sólo es perjudicial para el partido sino también para las importantes decisiones que el Gobierno necesita consensuar con los socialistas. La primera de ellas, el apoyo a los Presupuestos. Sería un error que después de permitir la investidura de Rajoy, el PSOE bloqueara la más urgente de las medidas que necesita nuestro país y que nos viene exigiendo Bruselas. Pero no sólo. Con el objetivo de alcanzar una "colaboración histórica" entre ambas formaciones, como reclamó Rajoy en su última comparecencia del año pasado, es necesario lograr acuerdos de Estado sobre cuestiones tan esenciales como la Educación, la sostenibilidad de las pensiones, el aumento del empleo de calidad, la reducción de la dependencia energética, la violencia de género, la reforma del Poder Judicial o la unidad territorial de España para hacer frente al desafío nacionalista en Cataluña. 

 

Es obvio, sin embargo, que Fernández carece de la legitimidad necesaria para marcar la línea de actuación del partido y tendrán que ser las bases las que determinen qué modelo de organización es el que prefieren. Porque no se trata sólo de decidir si el PSOE continúa ofreciendo su apoyo a Rajoy y acepta participar en el amplio programa de reformas puesto sobre la mesa por el Gobierno, sino de redactar un programa claro y coherente que acabe con las ambigüedades ideológicas. Sin dar por cerrado definitivamente ningún debate, ya que el diálogo es garantía de salud democrática, el partido debe fijar una posición definitiva sobre el modelo de Estado. Tanto Miquel Iceta en Cataluña como Idoia Mendía en el País Vasco mantienen posiciones abiertamente contrarias a las de la Declaración de Granada, que habla de "reformar el Estado autonómico para salvarlo". Ambos dirigentes regionales han aceptado la posibilidad de debatir sobre el derecho a decidir, algo a lo que el partido debería oponerse por ser contrario a la Constitución. Además, en plena crisis de credibilidad de la socialdemocracia en Europa, el PSOE debe aclarar sus postulados económicos para, sin caer en la defensa de recetas liberales para abordar las consecuencias de la crisis, que serían inaceptables para sus electores, no sentirse atraído por la demagogia populista que pretende volver a implantar modelos económicos que ya demostraron su escasa viabilidad. 

 

En cualquier caso, tendrán que ser los militantes los que con su voto elijan a su nuevo líder, no en base a personalismos, que se han demostrado perjudiciales para el partido, sino priorizando el debate de ideas. Y en este sentido, la Gestora está obligada a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes que opten por presentar su candidatura. No sería de recibo que un órgano gestor como el que dirige Fernández apoye implícita o explícitamente a ninguno de los nombres que suenan para concurrir a las primarias, o pretenda hurtar a la militancia la posibilidad de escoger libremente a su próximo secretario general.

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