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Miércoles, 4 de enero de 2017

Trillo, a su casa

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Mientras permaneció al frente del Ministerio de Defensa, Federico Trillo se negó a asumir la responsabilidad política en la decisión de alquilar un avión en condiciones deplorables para repatriar a 62 militares españoles que habían servido en Afganistán, todos ellos muertos junto con la tripulación en el accidente ocurrido el 26 de mayo de 2003. Tampoco renunció al escaño del que disfrutó después. Trillo se escudó en la inexistencia de informes previos que pusieran en duda la seguridad de los aparatos arrendados para el transporte de tropas.

Sin embargo, el Consejo de Estado afirma ahora que tales informes existieron y responsabiliza del accidente al Ministerio de Defensa. Así pues, el actual embajador en Londres ha perdido toda coartada para continuar representando a España en ninguna circunstancia, de forma que el Gobierno de Rajoy tiene que acabar con esta situación, si es que Trillo no toma la iniciativa.

 

Lo esencial del informe del Consejo de Estado, desvelado por EL PAÍS, deja clara la imposibilidad de que el Estado se desentendiera de la obligación de asegurar en lo posible la actividad de los contratistas utilizados para el transporte de tropas. No deja lugar a dudas sobre la importancia de un informe secreto del Ejército en el que advertía de los elevados riesgos que se estaban corriendo “al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS”, cuyo mantenimiento “es como mínimo muy dudoso”. Durante los años transcurridos se ha sabido del agotamiento de la tripulación encargada del vuelo, que llevaba 24 horas de actividad cuando ocurrió la tragedia; de que una de las cajas negras del Yak-42 estaba averiada desde hacía mes y medio; de los sobrecostes provocados por la cadena de intermediarios; y del falseamiento de las identidades de 30 de los 62 militares españoles fallecidos, perpetrado por tres mandos que resultaron condenados judicialmente por ello. Trillo empeñó su palabra ante el Parlamento asegurando que la identificación se había realizado “con todas las garantías”. Un airado José María Aznar, jefe del Gobierno cuando ocurrieron los hechos, llegó a pedir que se dejara en paz a los muertos.

 

Si después de todo esto Trillo intenta seguir en la Embajada de Londres solo revelará un cortoplacismo similar al de Mariano Rajoy, que ayer pretendió quitarse de encima el problema alegando que sucedió “hace muchísimos años”. Su Gobierno es responsable tanto del nombramiento de Trillo como embajador —saltándose la regla explicitada por el entonces ministro de Exteriores, para designar a miembros de la carrera diplomática—, como del indulto a dos oficiales médicos que participaron en el falseamiento de las identidades de 30 de los fallecidos. El Gobierno debe descartar el recurso de envolverse en la niebla del tiempo para tratar de pasar inadvertido.

 

Federico Trillo tiene que asumir su responsabilidad política en tan nefasta gestión. Si no lo hace, el Gobierno está obligado a destituirle y a garantizar, como mínimo, que jamás volverá a representar a este país en ninguna parte. Lo exigen la dignidad de España y la memoria de 62 militares muertos por la patria.

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