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Lunes, 2 de enero de 2017

El año del diálogo

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El año 2016 ha sido el del bloqueo. Un año en el que las principales fuerzas políticas, incapaces de articular en el Parlamento los profundos cambios en las preferencias de la ciudadanía que las urnas habían revelado, vinieron a agravar en lugar de resolver la crisis política e institucional en la que se encontraba el país. Eso supuso que, tras las elecciones generales del 20-D, España se abocara a un largo periodo de interinidad y a una absurda repetición de las elecciones.

Sin embargo, los comicios del 26-J no solo confirmaron la estabilidad de las preferencias de los votantes sino que, en lugar de conducir al desbloqueo, aumentaron la tensión y la polarización política, situando incluso en el horizonte la posibilidad de celebración de unas terceras elecciones, un hecho inédito en las democracias avanzadas de nuestro entorno, que además de dañar la imagen internacional del país hubiera generado una elevada incertidumbre económica.

 

La parálisis que ha sufrido España se ha debido a la combinación perversa de dos factores: la debilidad del liderazgo político y la rigidez de las reglas de juego. El primero se manifestó tanto en el inmovilismo mostrado por Mariano Rajoy a lo largo de todo el año, encumbrado por su decisión de rechazar el encargo del Rey de intentar formar Gobierno tras el 20-D, que hizo inevitable la repetición de las elecciones, como en la resistencia posterior de Pedro Sánchez a asumir que los resultados de su partido conducían al PSOE a la abstención. En cuanto al segundo, pudimos observar cómo el cúmulo de rigideces constitucionales que regulan la formación de Gobierno en España, tanto en lo relativo a los procedimientos como a los plazos, arrojaba el objetivo opuesto al buscado, pues impedía en lugar de facilitar la formación del Gobierno.

 

Aunque el desbloqueo político los haya situado en un segundo plano, se trata de dos problemas que no deben dejar de ser objeto de atención. El primero, porque la pobre vida interna de los partidos, donde se premia sobre todo la lealtad personal y el cortoplacismo, tiende a generar líderes con escaso sentido de Estado y poca visión a largo plazo. El segundo porque mientras los votantes no cambien la correlación de fuerzas entre los partidos, seguiremos abocados a tener Gobiernos con exiguas mayorías parlamentarias, con el consiguiente riesgo de disolución y convocatoria de elecciones anticipadas y reaparición de las posibilidades de bloqueo.

 

Pese a los riesgos de vuelta a un escenario de inestabilidad, es posible contemplar el año político que se inaugura con algo de optimismo. Si de los 314 días sin Gobierno se derivó una creencia generalizada en la imposibilidad de llegar a acuerdos y, en consecuencia, en la inutilidad del Parlamento como marco de actuación política, el comienzo de la legislatura no ha podido ser más positivo en cuanto a la rapidez con la que la dinámica parlamentaria ha desmentido aquellas previsiones.

 

Como han mostrado los primeros acuerdos alcanzados en el Congreso en torno a las leyes educativas o de seguridad ciudadana, el techo de gasto, el salario mínimo o la pobreza energética, la fragmentación parlamentaria derivada del fin del bipartidismo no tiene por qué traducirse en ingobernabilidad, sino que muy bien puede abrir el camino a un muy necesario diálogo que permita restaurar algunos de los muy cruciales consensos perdidos en estos años y generar el espacio para añadir algunos de los que el país necesita urgentemente, sea en torno al modelo productivo, la sostenibilidad del sistema de pensiones o, más crucialmente, Cataluña. Normalizado el diálogo entre las principales fuerzas políticas y recuperada una vida parlamentaria de calidad, Cataluña es, sin duda, el principal problema en el que esta redescubierta capacidad de diálogo será puesta a prueba.

 

Este camino de diálogo señala a los partidos políticos la vía para recuperar la confianza de la ciudadanía, y así, restaurar el prestigio del Parlamento, dañado por una legislatura, la anterior, marcada por el absolutismo del PP a la hora de legislar sin ninguna sensibilidad hacia el resto de la Cámara o por el sistemático rechazo a rendir cuentas ante ella por los escándalos de corrupción que tanta desafección han generado.

 

Dos hechos marcarán pues el año político: uno, la capacidad del Gobierno de evitar unas elecciones anticipadas, algo con lo que Rajoy no debe ni puede jugar, y dos, la apertura de una vía efectiva de diálogo que permita encauzar el contencioso catalán. En ambos casos, la responsabilidad fundamental corresponde a Mariano Rajoy, que es quien como presidente del Gobierno ha recibido la confianza de la Cámara y, por tanto, el poder ejecutivo. Se trata de un reto de considerable magnitud, pero ineludible, y del que por el bien de todos, el presidente tendría que poder salir airoso.

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