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Sábado, 24 de diciembre de 2016

El separatismo catalán duda del camino a seguir en el proceso

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LA CUMBRE soberanista celebrada ayer a instancias del presidente de la Generalitat tuvo un desenlace inesperado, ya que en lugar de servir para la escenificación de la unidad de las fuerzas independentistas sirvió para que se visualizaran las primeras fisuras.

De un lado, Carles Puigdemont y Ada Colau se mostraron partidarios de pactar la consulta con el Estado en un afán de obtener legitimidad a nivel internacional, mientras el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la CUP dejaron claro que la hoja de ruta soberanista es innegociable y que los catalanes deben decidir al margen de las instituciones del Estado.

 

Resulta difícil de valorar si el giro del presidente de la Generalitat es un movimiento táctico o si se trata de una rectificación, forzada por la imposibilidad de proseguir el proceso en contra de la voluntad del Gobierno y de las instituciones.

 

Pero sería un error creer por lo sucedido ayer que el soberanismo ha dado un giro de 180 grados porque la Generalitat sigue sin retirar su amenaza de celebrar el referéndum independentista, lo que es innegociable para el Gobierno de la nación, que mantiene que esta reivindicación no es negociable porque la soberanía reside en el pueblo español.

 

La senda soberanista, además de un completo dislate alejado de la tradicional vía pactista que caracterizó a la política catalana, constituye un gravísimo desafío al orden constitucional.

 

Así volvió a quedar acreditado ayer, después de que el Tribunal Constitucional decidiera anular el acuerdo alcanzado en el Parlamento catalán para tramitar las tres ponencias de las llamadas leyes de desconexión, que abrían la puerta a la secesión.

 

Dos de estas ponencias, las que promueven leyes para una Hacienda catalana y Seguridad Social, ya han finalizado sus trabajos. Sólo queda en marcha la ponencia que aborda una norma de «transitoriedad jurídica».

 

El fallo del TC da la razón al recurso planteado por Ciudadanos, que alegó que el acuerdo de la Mesa del Parlament fue un «fraude de ley» que vulneró los derechos de los diputados al instrumentalizar la Cámara con fines independentistas. También ayer, el Constitucional anuló parte de la Ley catalana de Acción Exterior por invadir competencias estatales.

 

Ningún país puede soportar durante mucho tiempo una escalada semejante de enfrentamiento, tanto en el terreno político como judicial, entre sus diferentes administraciones.

 

El Gobierno ha dado un paso sustancial para la distensión relanzando el diálogo con la Generalitat. A ello se suma la inyección económica que Cataluña recibirá de nuevo del Fondo de Liquidez Autonómica, del que acapara un 28%.

 

Sin el dinero de todos los españoles, la Generalitat no podría afrontar el déficit ni los vencimientos de su deuda, que supera los 70.000 millones de euros. Y, pese a la insolvencia de la Generalitat en el ajuste de sus cuentas, es un acierto que el Estado separe el reto político y la batalla jurídica con el Govern de la necesaria financiación de los servicios públicos en Cataluña.

 

Es posible que Puigdemont haya empezado a ser consciente de que el nuevo escenario abre una vía de negociación que no existía hace algunos meses. Pero también es posible que el movimiento del presidente esté motivado por evitar que Ada Colau y Podemos se descuelguen del proceso, lo que supondría un duro golpe a su credibilidad.

 

De hecho, ayer la alcaldesa de Barcelona insistió en que hay que explorar la vía del acuerdo con el Estado, lo que probablemente descolocó a Puigdemont, que tal vez se vio forzado a rectificar para evitar una imagen de división del frente soberanista.

 

Sea como fuere, es evidente que están empezando a surgir los primeros signos de desencanto entre los independentistas, frustrados por el estancamiento de la hoja de ruta soberanista, los reveses legales, la falta de apoyo internacional y la debilidad económica de la Generalitat, cada vez más dependiente del Estado.

 

Lo que parece evidente es que las próximas semanas van a ser decisivas para comprobar la deriva del proceso y la unión de las fuerzas que lo sustentan, que ayer se vio resquebrajada. Puigdemont tendrá que decidir si acepta la mano tendida del Estado o sigue por la vía de una confrontación que le lleva al fracaso.

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