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Sábado, 24 de diciembre de 2016

Italia debe despejar las dudas sobre el banco Monte dei Paschi

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La decisión del Gobierno italiano de aportar 20.000 millones de dinero público para fortalecer a los bancos italianos con dificultades y rescatar al Monte dei Paschi (MDP) provoca dudas importantes en los mercados y muchas preguntas en los Gobiernos que han sufrido los rigores de los llamados rescates bancarios.

Por el momento no se conocen detalles de cómo se articulará el rescate de MDP; tan solo que la propuesta debe presentarse en Europa antes del 31 de diciembre y que el banco solo tiene liquidez para cuatro meses. El resto de la información facilitada por el Gobierno italiano es una mera declaración de principios —hay que salvar a los pequeños ahorradores— y un reconocimiento general, expresado por el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, sobre la “necesidad de aplicar las reglas europeas para inyectar recursos públicos en el sistema bancario”.

 

Pues bien, si el Gobierno italiano quiere aplicar “las reglas europeas”, la condición general es que el dinero público se aplique solo después de que accionistas y tenedores de bonos no senior (los bonos convertibles tienen que convertirse en capital y los titulares de preferentes y subordinadas perder parte de sus activos) hayan pagado los costes correspondientes del rescate. Esa es la contrapartida aceptada por Bruselas y Fráncfort a cambio de respaldar los depósitos de los ahorradores hasta los 100.000 euros. Que se acepte el principio general no significa que se respete el espíritu de “repartir los costes de la crisis” implícito en el modelo europeo.

 

Por tanto, cualquier operación de rescate de MDP tiene que ser controlada escrupulosamente por las autoridades europeas; y si llegaran a producirse excepciones a las reglas comunitarias (indeseables siempre) que se sepa que significan un tratamiento discriminatorio respecto a otras operaciones de rescate en las que, además, se impusieron condiciones de política económica. El control europeo del rescate no solo es necesario para comprobar que se respetan las condiciones, sino para asegurar que no se producen otras operaciones de ingeniería financiera en la trastienda lesivas para los contribuyentes; por ejemplo, que una vez convertidas las subordinadas en acciones fueran compradas después por el Estado.

 

Además de las dudas sobre el mecanismo de rescate, que no se disiparán mientras no se conozcan todos los detalles, hay que contar con la escasa dotación aprobada para “fortalecer” la banca italiana. Son pocos 20.000 millones para atender la crisis financiera en el país, muy profunda, que afecta a bancos más grandes que el MDP, como Unicredito. El calado de la crisis está calculado en unos 300.000 millones de créditos morosos. No toda esa cantidad se convertirá en morosidad efectiva, pero incluso en una estimación optimista la inyección pública autorizada quedará muy por debajo de las necesidades reales. Por tanto, es remota la posibilidad de tranquilizar a los mercados con 20.000 millones.

 

La incertidumbre sobre la banca italiana no se ha despejado con la intervención del Gobierno. Llegó tarde, es costosa para un país con un porcentaje tan elevado de deuda como Italia y es muy probable que sea insuficiente.

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