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Jueves, 22 de diciembre de 2016

Acabar con tantos aforamientos, una exigencia ineludible

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Hay cuestiones políticas que, a fuerza de repetirse en cada legislatura sin que nadie se atreva en serio a abordarlas, se convierten en mantras en los que la ciudadanía deja de creer. Es lo que ocurre con los aforamientos de los políticos y otras autoridades del Estado. Hemos perdido ya la cuenta de las veces que hemos escuchado a portavoces de todos los partidos prometer que se va a acabar con esta anomalía democrática.

Porque no es de recibo que en nuestro país existan unos 2.000 aforados entre cargos públicos y electos -amén de otros 15.000 entre jueces y fiscales-, mientras que, por ejemplo, en Francia sólo hay una veintena -los miembros del Gobierno y el presidente de la República- y en Alemania, ninguno. En el caso de EEUU, desde el presidente hasta el último de los jueces, todos son procesados llegado el caso en tribunales ordinarios. Cuando hablamos de aforados nos estamos refiriendo a eso: a personalidades que, en razón de su cargo, tienen una protección jurídica especial ya que si se ven inmersos en un procedimiento como investigados -antes imputados-, el asunto es dirimido en un tribunal distinto al que le correspondería a un ciudadano cualquiera. Y en el caso de los parlamentarios incluso hace falta que la Cámara a la que pertenezcan -Congreso o Senado- apruebe un suplicatorio para que el instructor pueda investigarles. Y no sólo por asuntos relacionados con sus funciones políticas, sino incluso ante posibles delitos completamente ajenos a sus cargos. Ya hemos visto las situaciones tan kafkianas que esto produce. Y redunda en el descrédito de las instituciones puesto que son privilegios sin justificación.

 

El Partido Popular se comprometió en verano a abordar cómo acabar con esta inflación de figuras aforadas. Fue una de las condiciones que impuso Ciudadanos para votar a favor de la investidura de Rajoy. Pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría enfrió mucho el asunto ayer en una intervención parlamentaria. Se mostró en contra de una reforma exprés de la Constitución, que sería imprescindible para eliminar los aforamientos de los diputados y senadores. La vicepresidenta considera que los hipotéticos cambios en la Carta Magna no pueden hacerse mediante parches. Y, además, señaló que haría falta cambiar los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades, así como varias leyes, para contemplar a todos los cargos aforados. Largo fió así la cosa.

 

Tiene razón Sáenz de Santamaría en que el asunto es complejo. Pero, por su enorme simbolismo, no estaría mal empezar por despojar de este privilegio a los parlamentarios nacionales. Y ello sólo exige que de una vez haya voluntad política, porque, a priori, es una cuestión sobre la que se han manifestado a favor en alguna ocasión todos los partidos: desde el PP hasta Podemos, incluyendo a PSOE y Ciudadanos. De modo que sería fácil alcanzar un acuerdo por unanimidad. Y sería un gesto muy bien recibido por los españoles en aras de la pretendida regeneración democrática.

 

Este periódico siempre ha defendido que el aforamiento debe restringirse al Gobierno, presidentes autonómicos, presidentes del Congreso y el Senado, magistrados de altos tribunales y algunos otros altos cargos, para garantizar el libre ejercicio de sus responsabilidades sin la amenaza de falsas o injustificadas querellas. Y esta legislatura debe ser la ocasión para lograrlo.

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