Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Martes, 20 de diciembre de 2016

Dependencia: una ley necesaria pero muy difícil de financiar

Guardar en Mis Noticias.

Promovida por el Gobierno de Zapatero y con el consenso de todas las fuerzas políticas, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia fue aprobada el 14 de diciembre de 2006. La norma, que no fue recurrida por ningún partido ni administración pública al Tribunal Constitucional, venía a cubrir un vacío en el sistema de protección social. Pero, tal como este periódico sostuvo entonces, 10 años después de su puesta en marcha puede concluirse que la Ley de Dependencia fue una norma cargada de buenas intenciones pero mal concebida, mal ejecutada e infradotada desde el punto de vista financiero.

Nadie puede negar que existen razones sociales, demográficas y económicas que justificaron hace una década y lo siguen haciendo ahora la incorporación de la dependencia al sistema público de salud. La autonomía personal es un derecho subjetivo y es evidente que esta ley tuvo la virtud de situar a las personas con discapacidad en el centro de la agenda política. Pero de poco sirve redactar una legislación idílica si luego es imposible completarla con una financiación adecuada. Y esto es justo lo que ocurrió con una Ley de Dependencia redactada con un espíritu buenista y ambicioso que no casaba con la realidad económica del momento. Ni tampoco con las limitaciones de gasto de las comunidades autonómas que, en la práctica, son las administraciones que se han visto obligadas a hacerse cargo del grueso de la financiación, dado que el Estado apenas cubre alrededor del 15% del gasto, cuando la norma le obliga a aportar el 50% del total. Los efectos de la crisis, la escasa voluntad política de algunas administraciones y el ajuste en las cuentas públicas han cercenado una ley notablemente menguada.

 

En todo caso, cabe subrayar que algo más del 8% de la población española mayor de 65 años recibe ayudas para la dependencia, lo que sitúa a España por debajo de la media de la OCDE (un 11,4%), aunque muy por encima de países como Italia (4,8%) o Portugal (2,1%). En la actualidad hay 856.452 personas incluidas en el sistema público de la dependencia. Sin embargo, son más de 300.000 personas las que esperan que la Administración reconozca sus derechos y atienda sus peticiones.

 

Precisamente, ésta es una de las peores consecuencias de la que en su día fue presentada como una de las principales normas sociales de nuestra historia reciente. La frustración generada alrededor de la escasez de recursos económicos para estas partidas ha condenado a cientos de miles de enfermos a no recibir ningún tipo de asistencia. Y ello, básicamente, por la merma en la aportación económica del Estado, especialmente, desde 2010. Alrededor del 2% de las personas de 65 años o más está a la espera de recibir una prestación, aunque cabe tener en cuenta que este porcentaje varía sustancialmente entre comunidades autónomas, oscilando entre el 0,1% y el 5,5%. Este decalaje muestra el diferente grado de aplicación de la norma, lo que implica también una diferencia notable en el grado de servicios y cobertura en función del territorio en el que resida cada enfermo.

 

Todas estas rémoras son exigencias que los colectivos implicados, como el Observatorio por la Dependencia, llevan mucho tiempo poniendo encima de la mesa de las administraciones públicas sin que sean atendidas con la diligencia que merece el asunto.

 

El PSOE lleva varios días rescatando la figura de José Luis Rodríguez Zapatero a propósito del décimo aniversario de una norma que, indudablemente, está en el frontispicio de su primera legislatura en La Moncloa. Ayer, durante un acto organizado por el Grupo Socialista en el Congreso, el ex presidente exigió al Gobierno "un nuevo esfuerzo" en la financiación de la Ley de Dependencia.

 

Es cierto que tanto el Ejecutivo central como los autonómicos deben atender lo antes posible a las personas pendientes de recibir lo que les corresponde. Sin embargo, el sistema público de dependencia exige una revisión a fondo. Y ello con un doble objetivo: armonizar las políticas en esta materia entre el Ejecutivo y las diferentes comunidades autónomas, y dotar de la financiación adecuada a un sistema que ya se ha consagrado como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, después de la educación, la sanidad y las pensiones. Esta tarea debe llevarse a cabo con realismo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y de forma coordinada entre el Estado y las CCAA. Es decir, todo lo contrario de lo que lleva haciéndose durante la última década.

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
MadridPress • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress