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Domingo, 18 de diciembre de 2016

Más controles para acabar con las cláusulas abusivas

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El quebranto económico generado por productos financieros como las preferentes -que atraparon a más de 700.000 clientes-, las cláusulas suelo y las obligaciones subordinadas no sólo ha agudizado el malestar social durante la crisis, sino que ha provocado una retahíla de litigios en los tribunales.

Es obvio que el hecho de tener que afrontar largos procesos judiciales para tumbar algunos de estos productos refuerza la sensación de indefensión entre usuarios y consumidores. Urge, por tanto, habilitar un marco normativo que introduzca los filtros necesarios que eviten los contratos abusivos o, al menos, que permita su pronta detección y anulación.

 

Precisamente, en virtud de este objetivo, la asociación de consumidores Adicae exige una gran reforma legal que extienda a toda la normativa sobre contratos el llamado control de transparencia. Tal como informamos hoy en Mercados, esta medida facilitaría las reclamaciones frente a cláusulas abusivas, ya que permitiría a los jueces controlar de oficio si esos contratos son suficientemente claros.

 

Y, paralelamente, eximiría al consumidor de la obligación de acreditar que en su caso concreto contrató teniendo su consentimiento viciado por una información errónea o deficiente de la entidad. La clave de esta reforma es la introducción de los adecuados mecanismos de transparencia que permitan fiscalizar la contratación hasta el punto de prevenir las cláusulas abusivas.

 

Y ello pasa de manera indefectible por aplicar medidas concretas que ya están llevando a cabo en otros Estados de la UE. Por ejemplo, garantizar a los clientes una información rigurosa y transparente sobre los riesgos que asume; y examinar a fondo los modelos de contrato más habituales mediante una Comisión de Cláusulas Abusivas análoga a la que ya opera en países como Francia o Bélgica.

 

A ello habría que sumar otro requisito fundamental: establecer con claridad que las cláusulas abusivas deben considerarse nulas desde la firma del contrato y no desde que un tribunal lo establezca, lo que evitaría que las empresas puedan seguir recaudando dinero en ese intervalo judicial. Lo que Adicae ha puesto ya encima de la mesa a los distintos grupos parlamentarios es "un pacto de Estado en materia de transparencia como valor o principio para la protección integral de los consumidores y la mejora de la competitividad de las empresas".

 

Ciertamente, se trata de una medida razonable que merece ser tenida en cuenta por todas las formaciones políticas. Y, de hecho, tanto el PP como el PSOE ya han mostrado su disposición a la reforma. Erradicar las prácticas abusivas por parte de las grandes empresas y los bancos contribuiría a restaurar la confianza de los ciudadanos. La propuesta implicaría reformar algunas normas como la Ley de Condiciones Generales de Contratación y la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En todo caso, se trata de un objetivo factible en una legislatura que ha arrancado con el propósito galvanizador del diálogo.En el caso concreto de las cláusulas suelo -el recurso contractual aplicado por los bancos para cubrirse del riesgo de desplome de los tipos de interés en millones de hipotecas-, cabe tener en cuenta que fueron declaradas ilegales por un juzgado mercantil de Madrid en abril pasado, tras estimar de forma parcial la macrodemanda de Adicae.

 

Precisamente, el Tribunal de Justicia de la UE tiene previsto dilucidar esta semana si fue correcta la decisión del Supremo de no permitir la reclamación de lo pagado de más a los bancos antes de declarar nulas y abusivas estas clásulas. La retroactividad en estas devoluciones podría costar a las entidades bancarias más de 5.000 millones de euros. Este periódico siempre ha defendido que la limitación en la retroactividad no supone avalar los engaños masivos a los consumidores, sino que contribuye a preservar la seguridad jurídica en un sector clave como el financiero. Sin embargo, ello no es óbice para establecer una normativa que impida o mitigue al máximo las cláusulas abusivas de cara al futuro.

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