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Domingo, 4 de diciembre de 2016

Optimismo en el Gobierno

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El Gobierno tiene muchos problemas sobre la mesa, algunos de ellos estructurales, como el paro, que tardarán años en arreglarse, y otros simplemente urgentes, como el ajuste presupuestario que exige Bruselas, ineludible debido a los compromisos de un país como España, parcialmente rescatado.

Sabedor de su fragilidad parlamentaria y de su debilidad ante Bruselas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha encontrado una salida: granjearse el apoyo relativo del PSOE -hoy por hoy un partido sin estrategia- y decirle a la Comisión Europea lo que que quiere oír, sin que los votantes del PP se lleven las manos a la cabeza. Con mucho optimismo y una campaña de comunicación intensiva, el Gobierno está saliendo a flote. Al menos para salir del paso, que es de lo que se trata.

 

¿Por qué es tan frágil como optimista la nueva posición del Gobierno? Es frágil porque no ha cambiado nada sustancial en España para ser descaradamente optimistas. Y es frágil porque parte de las premisas establecidas -creación de empleo, crecimiento económico, bonanza del sector exterior- están en el aire o dependen de factores que el Gobierno no contempla ni controla, como la eventual subida del precio del petróleo o un repunte de los tipos de interés en la segunda mitad del año que viene. ¿Puede creerse alguien que la tasa de paro caerá desde el 21% registrado a finales de 2015 hasta un 12,8% que promete el Gobierno para el último trimestre de 2019?

 

La realidad demuestra que la economía española recupera las posiciones anteriores a la crisis en términos de PIB pero también que esa riqueza está peor repartida: hay más desigualdad. Por mucho que se intenten maquillar las cosas con un incremento del salario mínimo, lo cierto es que la devaluación salarial es la única gran reforma estructural llevada a cabo en España para ganar en competitividad. Los españoles ganan menos y pagan más impuestos, lo que convierte a una parte de la población en pobre.

 

Sobre el papel, el ajuste presupuestario pivotará sobre el impuesto de sociedades, la lucha contra el fraude y una mayor eficiencia de la Administración, con algunos retoques en los impuestos especiales. Está por verse que se consigan los 7.500 millones de euros programados, no ya sólo por el objetivo de la lucha contra el dinero B, sino también por el optimismo del Gobierno en cuanto al incremento de la recaudación por sociedades, basada en las famosas bases imponibles negativas: léase restricciones a la compensación de pérdidas de las empresas en años anteriores.

 

Lo que no explica el Gobierno es cómo lo hará -antes deberá negociar con el lobby empresarial- ni, menos aún, porque teniendo ahora el mismo PIB que en 2007 sigue a años luz de obtener unos ingresos por sociedades similares a los de entonces. Continúan faltando unos 20.000 millones de euros, que se dice pronto. Y ahí sigue estando buena parte del problema del déficit público del país.
 

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