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Sábado, 3 de diciembre de 2016

Mil euros

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Es legítimo establecer impuestos y es necesario combatir el fraude fiscal pero cuando el Gobierno quiere limitar a mil euros el pago en efectivo de cualquier bien o servicio está entrando en una esfera que roza el derecho de los ciudadanos a disponer libremente de sus recursos.

Semejante medida parte de una presunción inaceptable: la de que todos somos defraudadores potenciales. Sospechosos de fraude. El impulso del que procede esta iniciativa del Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) persigue que, poco a poco, todos los pagos se realicen mediante tarjetas de crédito. Tarjetas que, por cierto, no son gratuitas, los bancos cobran por ellas. Es un sistema de pago fácil de controlar por el Fisco puesto que las terminales de datos en poder de los bancos y compañías que las emiten disponen al minuto de la trazabilidad de las transacciones realizadas.

 

A partir de esa posibilidad de control nace una pregunta: ¿Qué derecho ampara al Gobierno, y en su caso a los funcionarios del Fisco, para vulnerar la privacidad que asiste a todo ciudadano. ¿Por qué tienen que saber si uno compra éste o aquel tipo de ropa, que marca de güisqui consume y en qué establecimiento o qué medicamentos adquiere en tal o cual farmacia? Quien paga impuestos no puede ser tratado como quien defrauda.

 

Si recordamos que a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal -más de treinta mil- les fue rebajada la mayor parte de la multa que les habría correspondido, entonces a uno le invade la melancolía y tiende a pensar como Michael Lewit (La muerte del capital) que el sistema está amañado a favor de una clase privilegiada. Una casta que cree tener derecho a ser protegida de las consecuencias de sus propios errores mientras que a los demás a quienes se considera indignos de toda protección se les aplica con todo rigor el peso de la ley.

 

Este tipo de tratos asimétricos generan muchas dudas acerca de la equidad del sistema tributario y de paso del otro: el democrático.
 

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