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Jueves, 29 de septiembre de 2016

La comisión

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El Congreso de los Diputados, con 209 votos a favor y frente a la negativa exclusiva del Partido Popular, decidió el martes la creación de una comisión que investigue la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien, en una grabación de su conversación con el ex responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alonso, dejó claras evidencias de supuestos extraños manejos contra adversarios políticos, en, también supuesta, connivencia con la fiscalía y determinados sectores de la policía.

Habrá quienes piensen que, con la que está cayendo, la mencionada comisión de investigación pude resultar una nadería o, cuando menos, un tema de segundo nivel, inoportuno en las circunstancias de desgobierno por las que atraviesa nuestro país. Podrá opinarse también, en buena lógica, que esas mismas circunstancias y los plazos a los que deben acomodarse los acontecimientos presentes y futuros, convertirían en baldío el esfuerzo investigador.

 

Ambas posturas son ciertas. Pero no es menos cierto que la conversación grabada entre el ministro y el ex director de la Oficina Antifraude es de una enorme gravedad. Algo que en cualquier país democrático habría supuesto la dimisión o cese fulminante de sus protagonistas y que en el nuestro no puede quedar impune.

Pero, además, la resolución del Congreso lo que pone de manifiesto es que, con el actual reparto de poder en sus escaños, si el Gobierno no estuviera en funciones sino funcionando, no habría otra que crear la comisión de investigación y obligar a los convocados a comparecer y dar a explicaciones sobre los actos investigados. O sea: democracia pura y dura.

 

Convendría que Pedro Sánchez y sus adláteres tomasen buena nota de lo importante, refrescante y motivador que resultaría, para la democracia del país y para las instituciones del Estado, la inauguración de una etapa en la que las mayorías absolutas dejaran paso a unas cámaras capaces de enmendar los rodillos, convirtiéndose en coprotagonistas en la gobernanza. Y se dieran cuenta de que facilitar la investidura -incluso la de Rajoy- es bueno para España. Porque si al final triunfase su enroque y nos viésemos abocados a unas terceras elecciones, el hartazgo general podría dar al PP una nueva mayoría absoluta y, con ella, volvería el rodillo, se acabarían las comisiones de investigación en el Congreso (recordemos que en la pasada legislatura no hubo ninguna) y, de nuevo, comenzarían a proliferar los decretos ley.

 

Qué oportunidad perdió el PSOE, o mejor, su secretario general, Pedro Sánchez, al no cumplir la palabra dada a Felipe González de abstenerse en una segunda votación. Quizás, de entrada, habría descolocado a los militantes socialistas, pero, de salida, habría mantenido al PSOE y a sí mismo en la posición de fuerza que nunca debió perder: ser una oposición eficaz y conseguir, desde ahí, unos logros para los ciudadanos y para España que, desde la obcecación solo pueden conducirnos al abismo. Sobre todo a él y a su partido.

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